La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, desató una confrontación política dentro del PAN, luego de que su abogado, Héctor Villasana, acusó a la gobernadora Maru Campos de traicionar a su antiguo colaborador y responsabilizarlo por un operativo contra el narcotráfico en el que participaron agentes de la CIA.
El defensor atribuyó el cambio de postura de la mandataria a las aspiraciones electorales de Jáuregui para contender por la presidencia municipal de Chihuahua en 2027, en medio de una disputa interna por las candidaturas panistas.
Las acusaciones surgieron mientras el exfiscal enfrenta un proceso federal por presunta traición a la patria y otro del fuero común por su actuación en un operativo realizado en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara.
La noche del martes 20 de octubre, a las 21:00 horas, se reanudó la audiencia inicial ante la justicia federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de un receso solicitado por la defensa para revisar el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Acusa abogado a Maru Campos de sacrificar a Jáuregui por la alcaldía
En entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio, Villasana sostuvo que el rompimiento entre la gobernadora y su exfiscal responde a intereses políticos relacionados con la sucesión municipal.
De acuerdo con el litigante, Jáuregui no es el aspirante que impulsa Campos para la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua. Señaló que las preferencias de la mandataria apuntarían hacia el actual secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.
El abogado relacionó las acciones legales contra su cliente con la difusión de un video en el que Jáuregui aseguró que mantendría sus aspiraciones electorales y no cedería ante las presiones.
Villasana consideró que la coincidencia entre el posicionamiento político del exfiscal y la intervención de las autoridades estatales alimenta las sospechas de una persecución con fines electorales.
Incluso advirtió que el enfrentamiento podría superar la disputa por la capital y extenderse a la sucesión por la gubernatura de Chihuahua en 2027.
Sin embargo, el defensor no presentó públicamente pruebas concluyentes que acrediten que Maru Campos ordenó la detención por motivos electorales. La presunta revancha política constituye, hasta ahora, una acusación de la defensa y no un hecho determinado judicialmente.
Audiencia de César Jáuregui se reanuda de noche y bajo restricciones
La audiencia federal contra Jáuregui comenzó la mañana del 20 de octubre, pero fue suspendida durante aproximadamente 12 horas ante la petición de sus abogados, quienes argumentaron que necesitaban tiempo para conocer y analizar las pruebas de la FGR.
El expediente consta de cuatro tomos, 53 anexos y diversos materiales audiovisuales, según la información difundida por N+.
El juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó que la diligencia se reanudara a las 21:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.
La Fiscalía solicitó restringir el acceso público bajo el argumento de que se presentarían testimonios, nombres de funcionarios e información sensible que podrían comprometer la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
Pide exfiscal audiencia pública; juez limita acceso
Jáuregui solicitó que el procedimiento fuera público al considerar que las acusaciones tienen consecuencias para la justicia mexicana y representan un asunto de interés nacional.
Sin embargo, el juzgador determinó que la formulación de imputación, la presentación de pruebas y los argumentos de la defensa se desarrollaran sin acceso de periodistas ni público.
La resolución sobre medidas cautelares y las determinaciones procesales correspondientes sí podrían darse a conocer públicamente.
Hasta la última actualización verificada, correspondiente a la reanudación nocturna del 20 de octubre, no se había confirmado públicamente una resolución definitiva sobre la vinculación a proceso en la causa federal.
Caso CIA: operativo en narcolaboratorio desata acusación por traición a la patria
El origen de las investigaciones se remonta a abril de 2026, cuando autoridades estatales realizaron una operación contra instalaciones utilizadas presuntamente para producir drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara.
En esa intervención participaron dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Al regresar del operativo, un vehículo sufrió un accidente en una zona montañosa. En el percance fallecieron los dos estadounidenses y dos integrantes de las autoridades estatales de Chihuahua.
Los estadounidenses fueron identificados en las investigaciones periodísticas como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.
El episodio abrió interrogantes sobre la presencia de personal de inteligencia extranjero en operaciones de seguridad dentro del territorio nacional, así como sobre el conocimiento que tenían las autoridades estatales y federales.
FGR señala intervención extranjera sin autorización federal
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, atribuyó al exfiscal la presunta autorización y coordinación de un operativo que permitió la intervención de agentes extranjeros en actividades reservadas a las instituciones mexicanas.
Según la acusación federal, Jáuregui habría omitido informar oportunamente a las autoridades competentes sobre la presencia y participación de los estadounidenses.
La Fiscalía también cuestionó la cadena de mando mediante la cual se realizó la operación, así como la ausencia de las autorizaciones correspondientes.
Los señalamientos dieron lugar a una orden de aprehensión federal por el delito de traición a la patria.
La responsabilidad penal de Jáuregui deberá establecerse mediante el proceso judicial; la existencia de una acusación o de una orden de aprehensión no equivale a una sentencia condenatoria.
Maru Campos respalda investigaciones y rompe con exfiscal
El posicionamiento de Maru Campos profundizó la confrontación política.
La gobernadora respaldó públicamente la actuación de las instituciones de justicia y sostuvo que ningún integrante o exintegrante de su administración debe recibir protección frente a posibles responsabilidades legales.
En un mensaje difundido el lunes 19 de octubre, Campos afirmó:
“Nadie que haya servido en mi Gobierno, nadie, está por encima de la ley en Chihuahua”.
La mandataria rechazó que su gobierno protegiera o persiguiera personas por razones políticas.
Ese pronunciamiento contrastó con la defensa que anteriormente había hecho su administración del operativo contra el narcolaboratorio, circunstancia que los abogados del exfiscal interpretaron como un cambio de posición frente al caso.
Villasana aseguró que Jáuregui había comparecido voluntariamente en distintas ocasiones para colaborar con las investigaciones y que inicialmente tenía calidad de testigo.
Según la defensa, su situación procesal cambió de manera repentina hasta convertirse en imputado.
También cuestionó las versiones difundidas por el gobierno estatal respecto del conocimiento previo sobre la participación estadounidense.
Sheinbaum niega pacto político con gobernadora para detener a Jáuregui
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el martes 20 de octubre que existiera un acuerdo entre su administración y Maru Campos para detener al exfiscal.
La mandataria federal afirmó que la investigación responde a hechos relacionados con la seguridad nacional y la intervención no autorizada de agentes extranjeros en operaciones dentro de México.
Sheinbaum sostuvo que corresponde a la FGR presentar las pruebas que respalden sus acusaciones y a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades.
También reiteró que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe sujetarse a los procedimientos legales y al respeto de la soberanía nacional.
La Presidenta evitó pronunciarse sobre una eventual responsabilidad penal de Campos y señaló que esa valoración corresponde a las autoridades investigadoras.
La respuesta presidencial contradice los señalamientos de un supuesto acuerdo político entre los gobiernos federal y estatal para actuar contra Jáuregui.
Dos procesos judiciales mantienen bajo presión al exfiscal
Jáuregui enfrenta investigaciones en dos jurisdicciones.
En Chihuahua fue detenido el 17 de octubre por una causa penal estatal relacionada con presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Después de comparecer ante un juez local, obtuvo la posibilidad de enfrentar ese procedimiento en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la entrega de documentos de viaje, presentaciones periódicas y restricciones de contacto con testigos.
La audiencia para resolver su vinculación a proceso por los delitos estatales quedó programada para el jueves 22 de octubre.
No obstante, después de conseguir su libertad en esa causa, el exfiscal fue nuevamente detenido, ahora por agentes federales en cumplimiento de la orden de aprehensión por traición a la patria.
Posteriormente fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
El procedimiento federal se desarrolla de manera independiente al estatal, aunque ambos están relacionados con los acontecimientos registrados durante el operativo de abril.
Disputa por Chihuahua 2027 profundiza fractura en el PAN
El proceso contra Jáuregui ocurre mientras el PAN se prepara para definir sus candidaturas a la gubernatura y a la presidencia municipal de Chihuahua en las elecciones de 2027.
La defensa sostiene que el exfiscal mantiene aspiraciones a la alcaldía capitalina y que su proyecto político resulta incómodo para el grupo cercano a Maru Campos.
Según Villasana, sectores panistas han expresado inconformidad ante la posibilidad de que Santiago de la Peña Grajeda sea impulsado como candidato municipal.
El abogado también advirtió que la crisis podría afectar los acuerdos para la sucesión estatal.
La controversia ha generado manifestaciones de panistas que exigen respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de Jáuregui.
Dirigentes y legisladores del partido han reconocido tensiones internas y solicitado que el conflicto no derive en mayores divisiones.
El desenlace judicial podría influir en el panorama político de Chihuahua, aunque hasta ahora no existe una determinación que permita establecer que las investigaciones fueron iniciadas para modificar la competencia electoral.
Defensa exige que tribunales resuelvan sin presiones políticas
En otra entrevista, esta vez con Azucena Uresti, Héctor Villasana reconoció que las declaraciones de la gobernadora y de la presidenta de la República podrían tener repercusiones en el entorno del proceso.
No obstante, manifestó su confianza en que los tribunales determinen la situación jurídica del exfiscal con base en las pruebas y no en los posicionamientos políticos.
La defensa insiste en que Jáuregui no autorizó la participación irregular de agentes extranjeros y que la investigación debe esclarecer quiénes dirigieron y conocieron el operativo.
Mientras tanto, el caso concentra tres controversias: la presunta intervención de agentes de inteligencia estadounidenses en tareas de seguridad mexicanas, la responsabilidad de los funcionarios que permitieron esa participación y la ruptura política entre la gobernadora de Chihuahua y uno de sus antiguos colaboradores.
La siguiente definición judicial será determinante para conocer si las pruebas presentadas por la FGR resultan suficientes para someter a proceso al exfiscal.
Foto: Ráfaga Noticias.
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