Ante la falta de recursos económicos, infraestructura y capacitación en los tribunales, la Cámara de Diputados discutió una reforma para posponer del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2030 la entrada en vigor obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que desató cuestionamientos de la oposición por retrasar la modernización de la justicia en México.
El dictamen, defendido por Morena y respaldado durante el debate por legisladores del PVEM y PT, plantea conceder tres años adicionales a los poderes judiciales federal y estatales para implementar los nuevos procedimientos, que buscan agilizar juicios, incorporar expedientes electrónicos y homologar las reglas procesales en las 32 entidades federativas.
Sin embargo, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la prórroga evidencia la falta de presupuesto para transformar los tribunales y prolongará los problemas que enfrentan miles de ciudadanos para resolver conflictos familiares y civiles.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera (Morena), justificó la ampliación del plazo al señalar que los órganos judiciales necesitan mejores condiciones materiales, tecnológicas y operativas para aplicar el nuevo modelo.
La reforma fue discutida durante la sesión vespertina de este martes, según los reportes legislativos.
Morena defiende retraso de tres años en entrada en vigor del Código Civil y Familiar
Moreno Rivera explicó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, estableció originalmente como fecha límite de implementación el 1 de abril de 2027.
Con la modificación propuesta, la aplicación nacional obligatoria se trasladaría al 1 de abril de 2030, aunque las entidades federativas que cuenten con condiciones suficientes podrían comenzar a utilizarlo antes.
El legislador sostuvo que la ampliación permitirá capacitar a jueces, magistrados y personal judicial, además de adecuar instalaciones, habilitar salas de audiencias y fortalecer los sistemas digitales.
También señaló que el nuevo ordenamiento busca terminar con procedimientos prolongados y establecer reglas comunes para resolver controversias civiles y familiares en todo el país.
Moreno Rivera consideró que la reforma debe evaluarse por la calidad de sus resultados y no únicamente por la fecha de implementación.
Buscan modernizar juicios y expedientes electrónicos
El presidente de la Comisión de Justicia destacó que el nuevo Código contempla herramientas tecnológicas para simplificar procedimientos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los tribunales.
Entre ellas se encuentran las notificaciones electrónicas, los expedientes digitales y los mecanismos que permiten reducir traslados y agilizar trámites judiciales.
No obstante, advirtió que la transformación requiere personal capacitado y sistemas adecuados para garantizar su funcionamiento.
El legislador afirmó que el objetivo es evitar que los juicios dependan de estrategias para prolongar indefinidamente los procedimientos y privilegiar la resolución de controversias mediante argumentos y pruebas.
PAN acusa falta de recursos para aplicar reforma judicial
Durante el debate, la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) cuestionó que se pretenda posponer la implementación del Código hasta 2030 por la falta de presupuesto.
Advirtió que el problema no se limita al próximo ejercicio fiscal, pues tampoco existen garantías de que los recursos necesarios sean asignados en los años posteriores.
Aunque anticipó el respaldo de su bancada al dictamen, señaló que quedaron pendientes temas que pudieron atenderse sin necesidad de aplazar toda la implementación, particularmente disposiciones relacionadas con personas con discapacidad.
“Lo vamos a votar a favor, está bien, pero no hay presupuesto ni ahorita ni posteriormente”, expresó.
La legisladora también mencionó que existía la posibilidad de modificar el plazo hasta 2031, aunque el dictamen defendido por la Comisión de Justicia contempla el 1 de abril de 2030.
Movimiento Ciudadano advierte tres años más de espera para ciudadanos
El diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther (MC) criticó que, después de la aprobación del Código en 2023, no se hayan destinado los recursos necesarios para ponerlo en funcionamiento.
Recordó que el ordenamiento fue diseñado para impulsar juicios más ágiles, audiencias orales, expedientes electrónicos, notificaciones a distancia y mecanismos alternativos de solución de controversias.
Sin embargo, sostuvo que las autoridades dejaron transcurrir los años sin preparar las condiciones para su aplicación.
“Son tres años más de espera para miles y miles de justiciables”, advirtió.
El legislador acusó que tampoco se contemplan recursos suficientes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para garantizar la implementación.
PRI rechaza prórroga; afirma que retrasa acceso a la justicia
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) recordó que su bancada respaldó la expedición del Código Nacional en 2023, al considerar que contribuiría a modernizar el sistema de justicia.
Sin embargo, cuestionó que ahora se amplíe el periodo de implementación originalmente previsto, sin resolver los problemas presupuestales que impiden su aplicación.
Señaló que el dictamen también incorpora restricciones presupuestarias, por lo que consideró insuficiente conceder más tiempo a las instituciones sin garantizar los recursos necesarios.
El priista advirtió que aplazar nuevamente el ordenamiento posterga los beneficios prometidos a los ciudadanos.
“Las y los diputados del PRI no podemos acompañar un dictamen que retrasa la justicia en nuestro país y la hace vacía”, sostuvo.
PVEM y PT respaldan ampliación del plazo
En contraste, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) defendió la necesidad de ampliar el plazo para garantizar una implementación gradual y ordenada.
Explicó que las instituciones judiciales requieren tiempo adicional para adaptar sus procedimientos, fortalecer infraestructura y avanzar en la digitalización.
Por su parte, Mary Carmen Bernal Martínez (PT) sostuvo que el nuevo sistema debe contar con condiciones suficientes para funcionar adecuadamente.
La legisladora destacó que uno de los propósitos centrales del Código es homologar los criterios jurídicos en las 32 entidades federativas.
Consideró que iniciar su aplicación sin recursos o instrumentos adecuados podría impedir que la reforma cumpla sus objetivos.
La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) también respaldó la prórroga y aseguró que operadores jurídicos de distintas regiones han solicitado ampliar el periodo de implementación.
Reforma impactará juicios de divorcio, pensiones alimenticias y conflictos civiles
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca modernizar los mecanismos judiciales mediante los cuales se resuelven controversias relacionadas con divorcios, pensiones alimenticias, custodia de menores, herencias, obligaciones contractuales y otros asuntos civiles.
Su aplicación uniforme permitiría establecer procedimientos comunes en las distintas entidades federativas y reducir diferencias entre los sistemas procesales locales.
No obstante, el aplazamiento propuesto significa que los beneficios del nuevo modelo podrían tardar más en llegar a las entidades que todavía no han iniciado su implementación.
La Comisión de Justicia sostuvo que las instituciones que ya aplican el Código podrán continuar haciéndolo y que aquellas que estén preparadas podrán incorporarlo antes del nuevo plazo.
La discusión dejó al descubierto una diferencia entre las bancadas: mientras Morena, PVEM y PT defendieron ampliar el tiempo para preparar los tribunales, legisladores de oposición cuestionaron la falta de recursos y el impacto que tendrá el retraso sobre quienes buscan justicia.
El dictamen plantea una nueva fecha límite de implementación, pero los boletines consultados documentan su fundamentación y el posicionamiento de los partidos, sin acreditar por sí solos la conclusión de la votación definitiva.
Deja una respuesta