La Fiscalía General de la República (FGR) registró apenas 32 fosas clandestinas durante 2025, frente a las 651 reportadas por las fiscalías estatales, una diferencia de más de 20 veces que exhibe las inconsistencias en los registros oficiales sobre la crisis de desapariciones en México.
La disparidad de 619 fosas fue documentada por la Plataforma Ciudadana de Fosas, integrada por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, durante la presentación de su actualización de datos, realizada el 20 de octubre.
El informe también identificó 433 fosas clandestinas mediante el monitoreo de notas periodísticas, lo que revela diferencias entre los registros federales, estatales y las fuentes informativas.
Para las organizaciones, estas discrepancias ponen en evidencia la ausencia de información pública homologada y confiable que permita establecer la verdadera magnitud de la crisis forense y evaluar los resultados de las autoridades en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Sonora encabeza hallazgos; FGR sólo registra fosas en seis estados
De acuerdo con el reporte, las fiscalías estatales documentaron 651 fosas clandestinas distribuidas en 16 entidades federativas durante 2025.
Sonora encabezó los registros con 204 fosas, seguido de Chihuahua, con 85, mientras que Baja California Sur y Jalisco reportaron 71 cada uno.
En conjunto, estas cuatro entidades concentraron 431 fosas clandestinas, equivalentes al 66.2 por ciento de los hallazgos reportados por las fiscalías locales.
En contraste, los registros de la FGR únicamente consignaron 32 fosas en seis entidades: Tamaulipas, con 15; Jalisco, seis; Guerrero, cinco; Coahuila, tres; Michoacán, dos, e Hidalgo, una.
La diferencia entre ambos conteos no significa necesariamente que las 619 fosas restantes hayan sido omitidas de expedientes federales, pues se trata de registros elaborados por autoridades con distintas competencias. Sin embargo, las organizaciones advierten que la falta de información comparable impide establecer con precisión el alcance de las investigaciones y los hallazgos.
Prensa documenta otras 433 fosas clandestinas
El seguimiento de información periodística permitió identificar 433 fosas clandestinas durante 2025.
De ese universo, 265 hallazgos, equivalentes al 61.2 por ciento, se concentraron en siete estados: Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa, Baja California y Guanajuato.
La organización destacó que las diferencias entre fuentes evidencian la falta de información clara y unificada para dimensionar la crisis de desapariciones, así como para conocer qué sucede después de la localización de una fosa.
Recuperan 833 cuerpos; Jalisco y Sonora concentran los mayores registros
La actualización de la plataforma también documentó la recuperación de 833 cuerpos en fosas clandestinas de 15 entidades federativas, de acuerdo con la información proporcionada por las fiscalías estatales.
Jalisco concentró el mayor número, con 257 cuerpos, seguido de Sonora, con 239; Chihuahua, con 119, y Baja California Sur, con 96.
De los 833 cuerpos registrados, 487 correspondieron a hombres y 59 a mujeres. En otros 287 casos, equivalentes al 34.5 por ciento, las autoridades no proporcionaron información sobre el sexo de las personas.
Adicionalmente, se contabilizaron 226 restos humanos recuperados de fosas clandestinas en diez entidades. Michoacán reportó 99; San Luis Potosí, 37; Sonora, 30, y Guerrero, 28.
En 194 de esos registros no se especificó el sexo, lo que representa el 85.8 por ciento del total. La plataforma aclaró que el número de restos humanos no equivale necesariamente al de víctimas, debido a que distintos fragmentos pueden pertenecer a una misma persona.
Artículo 19 denuncia falta de transparencia en crisis forense
La Plataforma Ciudadana de Fosas advirtió que las cifras disponibles no necesariamente representan el total de enterramientos clandestinos existentes en México.
El organismo señaló que las inconsistencias dificultan conocer los avances de las investigaciones, la identificación de las víctimas y el acceso de sus familiares a la justicia.
La problemática ya había sido advertida en julio de 2026, cuando Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana presentaron el informe Enterrar la verdad, en el que documentaron un deterioro en la calidad y disponibilidad de la información proporcionada por las fiscalías entre 2024 y 2025.
Exigen registros públicos y resultados en identificación de víctimas
Las organizaciones demandaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar registros completos, públicos, actualizados y homologados sobre las fosas clandestinas, los cuerpos recuperados y los avances en las investigaciones.
Insistieron en que localizar enterramientos clandestinos no es suficiente si las autoridades no esclarecen los hechos ni identifican a las víctimas.
La plataforma sostuvo que sin información verificable sobre los resultados de las investigaciones, las familias de personas desaparecidas seguirán sin elementos suficientes para conocer el destino de sus seres queridos y exigir justicia.
La actualización vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad institucional para integrar información sobre los hallazgos y dar seguimiento a una crisis que, según las organizaciones, continúa sin poder dimensionarse con precisión.
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