La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló las fichas rojas emitidas contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, buscados por la justicia mexicana desde 2021 por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
La decisión, que representa un revés para los esfuerzos de localización internacional emprendidos por las autoridades mexicanas, entró en vigor el pasado 25 de septiembre, aunque fue confirmada públicamente el jueves 22 de octubre.
De acuerdo con una investigación publicada por Milenio, las autoridades con conocimiento del expediente confirmaron que la defensa de la pareja recibió la notificación formal sobre la eliminación de las alertas internacionales, luego de un procedimiento de revisión ante Interpol.
Sheinbaum adelantó cancelación y exigió explicaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum había revelado la cancelación desde el 30 de septiembre, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, cuando cuestionó la decisión de Interpol y anunció que su administración solicitaría la restitución de las alertas.
“Hoy me dijeron que Interpol quitó la ficha roja. Apenas hoy van a preguntar cuáles son las razones. El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, declaró entonces la mandataria.
Sheinbaum sostuvo que ambos cuentan con órdenes de aprehensión en México y los vinculó con presuntos esquemas de facturación falsa y evasión fiscal.
El 8 de octubre, la Presidenta reiteró que su gobierno esperaba una explicación del organismo internacional y que buscaría recuperar los mecanismos de cooperación policial para facilitar su localización.
Defensa alegó persecución política y falta de garantías judiciales
Según la investigación de Milenio, el procedimiento para cancelar las fichas comenzó el 13 de octubre de 2025, cuando los abogados de Gómez Mont y Álvarez Puga presentaron argumentos relacionados con presuntas violaciones a sus derechos.
La defensa sostuvo que el expediente tenía componentes de carácter político, incompatibles con el artículo 3 del Estatuto de Interpol, que prohíbe a la organización intervenir en asuntos de naturaleza política.
También argumentó que una eventual entrega a México podría exponer a sus clientes a detenciones arbitrarias por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
Los abogados señalaron, además, que desde noviembre de 2021 tramitan un juicio de amparo contra las órdenes de aprehensión sin obtener una resolución judicial de fondo.
Estos señalamientos corresponden a los argumentos de la defensa y no constituyen, por sí mismos, determinaciones judiciales que acrediten una persecución política.
Órdenes de captura siguen vigentes en México
Pese a la cancelación de las fichas rojas, las órdenes de aprehensión emitidas por autoridades mexicanas contra Gómez Mont y Álvarez Puga permanecen vigentes.
La medida elimina un mecanismo internacional de cooperación policial, pero no cancela las investigaciones, las acusaciones ni las órdenes judiciales nacionales.
De acuerdo con las reglas de Interpol, una notificación roja sirve para solicitar a las policías de otros países la localización y detención provisional de personas reclamadas por la justicia, pero no equivale a una orden internacional de arresto.
La organización establece que los países pueden mantener sus propias órdenes de búsqueda y utilizar mecanismos alternativos de cooperación bilateral.
Caso ligado a presunto desvío de recursos federales
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado a la pareja por su presunta participación en una estructura de empresas fantasma utilizada para desviar recursos públicos asociados con contratos de seguridad durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Las acusaciones incluyen presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Según Milenio, Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 por agentes migratorios estadounidenses debido a cuestiones relacionadas con su situación migratoria. Posteriormente obtuvo libertad provisional bajo fianza, con una audiencia prevista para noviembre de 2026.
La pareja reside en Florida desde finales de 2021, de acuerdo con el mismo reporte.
La cancelación de las alertas abre un nuevo capítulo en el caso: mientras Interpol retiró el mecanismo de búsqueda internacional, el Gobierno de México mantiene sus requerimientos judiciales y busca revertir la decisión.
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