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Alertan por crisis de plásticos en mares de México; exigen recursos para frenar deterioro

Diputados urgen recursos para proteger mares y frenar contaminación.

Ante el deterioro de los ecosistemas marinos y la creciente contaminación por plásticos, legisladores federales advirtieron que México necesita mayores recursos, vigilancia y acciones concretas para proteger sus mares y costas, donde millones de personas dependen de la pesca y otras actividades económicas.

Durante una mesa de diálogo convocada por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, representantes del Gobierno federal alertaron que México genera seis millones de toneladas de plásticos al año, de las cuales apenas 9 por ciento se recicla.

La presidenta de la Comisión de Pesca, Azucena Arreola Trinidad (Morena), sostuvo que el país no puede esperar a que los daños ambientales sean irreversibles para poner en marcha la política nacional para el manejo sustentable de mares y costas.

“No podemos esperar a que el deterioro ambiental sea irreversible para actuar. Tenemos instrumentos, conocimiento y experiencia; necesitamos convertirlos en decisiones y acciones que tengan un impacto real”, advirtió.

La legisladora planteó que el Congreso debe respaldar con recursos presupuestales la investigación científica, restauración de ecosistemas, vigilancia ambiental, innovación y fortalecimiento de las comunidades pesqueras.

Advierten por millones de toneladas de plástico en mares y costas

La directora general de Conservación y Gestión de Mares y Costas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Margarita Caso Chávez, señaló que la contaminación por plásticos representa uno de los problemas ambientales más graves para los océanos.

Expuso que más del 85 por ciento de la basura marina mundial está constituida por plásticos y que cada año ingresan más de 11 millones de toneladas de estos materiales a los mares y costas del planeta.

Ante ese panorama, defendió la necesidad de fortalecer la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México, anunciada por el Ejecutivo federal el 5 de junio de 2025.

La estrategia establece como objetivo eliminar los plásticos de las playas y costas mexicanas para 2030.

Sin embargo, los datos expuestos durante el encuentro evidenciaron la magnitud del desafío: de los seis millones de toneladas de plástico que genera México anualmente, únicamente 9 por ciento es reciclado, de acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaria.

Exigen legislar contra plásticos de un solo uso

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) urgió a impulsar legislación sobre los plásticos de un solo uso y reforzar las campañas de educación ambiental dirigidas a quienes visitan las playas mexicanas.

Consideró insuficientes los esfuerzos de limpieza si no se acompañan de acciones permanentes de concientización.

Advirtió que programas como Adopta una Playa requieren estrategias educativas para evitar que los residuos continúen llegando a los ecosistemas costeros.

Marina advierte que proteger océanos es asunto de soberanía nacional

El contralmirante Arturo Caracas Uribe, director ejecutivo de Investigación y Monitoreo Oceanográfico Atmosférico de la Secretaría de Marina, destacó que México cuenta con una posición geopolítica estratégica al tener presencia en el océano Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y mar Caribe.

Detalló que el país dispone de 12 mil 564 kilómetros de litoral, distribuidos en 17 estados costeros, donde habitan 57.9 millones de personas, equivalentes al 46 por ciento de la población nacional, según las cifras que presentó.

Agregó que México alberga aproximadamente 35 mil especies marinas y cuenta con 97 áreas naturales protegidas costero-marinas.

El mando naval sostuvo que la conservación de estos territorios debe entenderse como un componente estratégico para la seguridad nacional y la producción de alimentos.

“La sustentabilidad de mares y costas de México no es un gasto, es una inversión estratégica en la soberanía, el bienestar y el futuro alimentario del país”, afirmó.

Piden presupuesto para proteger pesca y comunidades costeras

Arreola Trinidad sostuvo que las decisiones relacionadas con la conservación marina no pueden tomarse sin considerar a pescadores, cooperativas, comunidades indígenas, universidades, organizaciones civiles y empresas.

Advirtió que la pérdida de ecosistemas también representa una amenaza para las familias que dependen económicamente de los recursos marinos.

“No se trata solamente de conservar el mar, sino de proteger a quienes dependen de él y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir encontrando alimento, trabajo y oportunidades”, expresó.

Por su parte, Bernardino Jesús Muñoz Reséndez, director general de Planeación, Programación y Evaluación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), señaló que la pesca y la acuacultura producen alrededor de dos millones de toneladas de alimentos.

Subrayó que ambas actividades generan empleo, arraigo comunitario e identidad cultural, por lo que consideró indispensable fortalecer la investigación científica y la planificación del espacio marino.

El funcionario planteó que el desafío del sector no consiste únicamente en incrementar la producción, sino en mejorar los procesos y generar mayor valor mediante prácticas sustentables.

Reclaman vigilancia y transparencia en recursos ambientales

La diputada Rocío López Gorosave (Morena) planteó fortalecer las instituciones responsables de la conservación marina y garantizar que los recursos públicos sean suficientes, transparentes y estén orientados a resultados.

Afirmó que las comunidades pesqueras, las mujeres dedicadas a la pesca y acuacultura, así como los pueblos indígenas, deben participar directamente en las decisiones sobre sus territorios.

En tanto, Claudia Rivera Vivanco (Morena) advirtió que una política ambiental sustentada principalmente en recursos financieros corre el riesgo de fracasar si no incorpora la participación ciudadana.

El diputado Luis Armando Díaz (PT) llamó a reforzar la protección de las áreas naturales y las costas, especialmente en los estados donde la pesca deportiva representa una actividad vinculada al turismo.

Buscan cumplir metas ambientales de México para 2030

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gabriela Benavides Cobos (PVEM), informó que trabajan en la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Destacó las reformas relacionadas con otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, que permiten incorporar espacios atendidos por comunidades indígenas y pesqueras a los esfuerzos de protección ambiental.

Por su parte, Daniela Castellanos Villaseñor, directora de la Agenda Oceánica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que la política nacional de mares y costas también permitirá avanzar en los compromisos internacionales de México, particularmente los relacionados con la Agenda 2030.

Explicó que su implementación puede fortalecer la cooperación con países del Caribe y facilitar el intercambio de experiencias sobre conservación oceánica.

A su vez, María Teresa Gaspar Dillanes, investigadora del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), informó que el organismo dispone de 14 centros de investigación acuícola y pesquera, con estudios que abarcan 82 recursos pesqueros en distintas regiones del país.

La mesa de diálogo, denominada “De la visión a la acción: Retos y oportunidades para la implementación de la política nacional para el manejo sustentable de mares y costas”, reunió a representantes de Marina, Semarnat, Relaciones Exteriores y Conapesca.

Aunque los participantes coincidieron en la necesidad de acelerar la protección de los ecosistemas marinos, durante el encuentro no se precisaron nuevos montos presupuestales, plazos de ejecución ni compromisos concretos de financiamiento para atender los problemas expuestos.

Con la meta de reducir la contaminación por plásticos hacia 2030, el reto para las autoridades será traducir las propuestas legislativas y ambientales en medidas verificables de conservación, vigilancia y protección de las comunidades que dependen del mar.

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