El cierre de al menos 50 juzgados y tribunales federales llevó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) a dar marcha atrás en el sistema de evaluación del personal de carrera judicial, al abrogar el acuerdo que regulaba su aplicación, pese a las negociaciones previas con las dirigencias sindicales.
En una sesión extraordinaria celebrada este lunes, el Pleno del OAJ resolvió dejar sin efecto el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, luego de que las instalaciones judiciales permanecieran cerradas a pesar del compromiso sindical de normalizar las actividades.
La determinación se produjo apenas dos días después de los acuerdos alcanzados entre representantes de tres organizaciones sindicales y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
Aunque inicialmente se había pactado modificar los criterios de evaluación para eliminar posibles sanciones y factores de subjetividad, el organismo terminó por cancelar la totalidad del instrumento normativo.
Cierre de juzgados precipita decisión del OAJ
La controversia se intensificó después de la reunión del sábado 7 de noviembre, realizada en las instalaciones de la Suprema Corte, donde representantes sindicales acordaron revisar las disposiciones del mecanismo de evaluación judicial.
Como parte de los compromisos, las organizaciones de trabajadores habían ofrecido restablecer las actividades este lunes en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el OAJ reportó que continuaban cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales.
La persistencia de los cierres fue señalada por el organismo como una afectación directa al derecho de acceso a la justicia.
En ese escenario, la autoridad administrativa decidió abandonar la ruta de modificaciones previamente acordada y optar por la abrogación del mecanismo de evaluación.
Eliminan acuerdo que regulaba desempeño de trabajadores judiciales
La decisión representa un cambio respecto de lo negociado con los sindicatos, pues el planteamiento inicial no contemplaba desaparecer el acuerdo, sino reformar algunas de sus disposiciones.
Evaluación no debía implicar despidos ni sanciones
Entre los compromisos alcanzados el 7 de noviembre se encontraba establecer expresamente que las evaluaciones tendrían como objetivo mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de la impartición de justicia.
También se había convenido retirar cualquier referencia susceptible de interpretarse como una medida sancionatoria o como fundamento para separar del cargo a trabajadores de carrera judicial.
Otro de los puntos consistía en eliminar las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, se revisarían los porcentajes asignados a los criterios que pudieran introducir elementos de subjetividad y se publicarían los cambios sustantivos en el Diario Oficial de la Federación.
No obstante, esos ajustes quedaron rebasados por la decisión del Pleno de abrogar el acuerdo completo.
Acuerdos sindicales quedan rebasados por los cierres
En las negociaciones participaron dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial.
Las tres organizaciones fueron identificadas por el OAJ como representantes de la base trabajadora.
Pese a los compromisos de normalización laboral, la autoridad judicial informó que los cierres continuaban al momento de emitir su comunicado.
El organismo sostuvo que la decisión de abrogar el acuerdo respondía al mandato constitucional de garantizar una justicia pronta y expedita.
Queda pendiente nuevo esquema de evaluación judicial
Con la eliminación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, queda sin efecto la regulación del proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial contenida en ese instrumento.
Sin embargo, el OAJ no informó si impulsará una nueva propuesta para evaluar el desempeño de los trabajadores judiciales ni estableció un calendario para su eventual elaboración.
Tampoco precisó cuándo se restablecerán las actividades en los órganos jurisdiccionales cuyas instalaciones permanecían cerradas.
Por ahora, la decisión supone una retirada de la autoridad administrativa frente a la controversia laboral, mientras persiste la incertidumbre sobre la normalización de los servicios judiciales y el futuro del sistema de evaluación.
El OAJ aseguró que mantendrá su compromiso con la continuidad de la atención a la ciudadanía, aunque el comunicado no confirma la reapertura de los juzgados y tribunales afectados.
Deja una respuesta