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Buscan frenar cobros indebidos con tarjeta; exigirían autorización expresa del cliente

Proponen impedir cobros con tarjeta sin autorización del consumidor.

Para evitar cobros indebidos, errores en las terminales bancarias y posibles afectaciones al patrimonio de los consumidores, el diputado federal Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano (MC), propuso prohibir que los comercios procesen pagos electrónicos sin mostrar previamente el monto total de la operación y obtener la autorización expresa del cliente.

La iniciativa obligaría a establecimientos comerciales, prestadores de servicios y plataformas que utilicen terminales de pago a garantizar que los consumidores conozcan y confirmen la cantidad exacta que será descontada de sus tarjetas bancarias.

De aprobarse, ningún cobro podría procesarse sin dicha confirmación y los negocios tendrían que entregar un comprobante cuyo importe coincida exactamente con el monto autorizado.

La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, plantea adicionar el artículo 5 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el propósito de reforzar la seguridad en las transacciones electrónicas.

Bancos deberán alertar por cargos inusuales o excesivos

La reforma también contempla nuevas obligaciones para las instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago.

Los bancos deberán contar con mecanismos para solicitar la confirmación de los cargos y notificar inmediatamente a sus clientes cuando detecten operaciones por cantidades inusuales o considerablemente superiores a sus patrones habituales de consumo.

Además, se establecería una segunda verificación obligatoria cuando el importe de una transacción supere los límites que determinen las autoridades financieras.

Con ello, se pretende reducir el riesgo de que errores de captura, cargos superiores a los anunciados o posibles abusos se conviertan en afectaciones económicas que posteriormente obliguen a los usuarios a iniciar procedimientos de reclamación.

En su exposición de motivos, Gaona Domínguez advirtió que el crecimiento de los pagos digitales exige fortalecer los mecanismos preventivos para proteger a quienes utilizan tarjetas bancarias.

El legislador planteó que una operación autorizada en segundos puede provocar pérdidas económicas cuando el importe procesado no coincide con el que el consumidor pretendía pagar.

Obligarán a mostrar el monto antes de cobrar

La iniciativa establece que cualquier persona física o moral que cobre mediante dispositivos electrónicos deberá mostrar al cliente, de manera clara y legible, el importe total antes de solicitar su autorización.

Esta obligación abarcaría terminales punto de venta, aplicaciones, sistemas de cobro virtuales, dispositivos móviles utilizados para recibir pagos, operaciones sin contacto y terminales de autoservicio.

El objetivo es impedir que se concreten transacciones sin que el usuario haya tenido oportunidad de verificar cuánto dinero será descontado de su cuenta o cargado a su tarjeta.

El proyecto también exige que el comprobante entregado al consumidor refleje exactamente la cantidad previamente confirmada, para evitar discrepancias entre el importe mostrado, el autorizado y el finalmente procesado.

Banxico y CNBV fijarán límites para verificar operaciones

De acuerdo con la propuesta, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberán emitir conjuntamente las disposiciones que regulen los mecanismos de confirmación.

Ambas instituciones establecerían los montos a partir de los cuales sería necesaria una segunda verificación, así como los parámetros para identificar operaciones inusuales.

El proyecto contempla un plazo máximo de 180 días hábiles, contados desde la entrada en vigor del decreto, para que las autoridades emitan dichas disposiciones.

Posteriormente, los establecimientos y demás sujetos obligados dispondrían de otros 180 días hábiles, a partir de la publicación de los lineamientos, para adecuar sus terminales, sistemas y procedimientos de cobro.

Profeco vigilará a comercios y aplicará sanciones

La iniciativa también contempla la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encargada de supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones por parte de los establecimientos y prestadores de servicios que no sean entidades financieras.

El organismo tendría facultades para sancionar a quienes incumplan las obligaciones de información y confirmación de los pagos, conforme a lo establecido en la legislación aplicable.

La intención es que los mecanismos de protección no dependan exclusivamente de las instituciones bancarias, sino que también involucren a los comercios donde se realizan las transacciones.

Buscan proteger a adultos mayores y turistas

En la exposición de motivos, Gaona Domínguez sostuvo que la reforma beneficiaría especialmente a personas adultas mayores, turistas y consumidores con menor familiaridad con las herramientas digitales.

También contempla la protección de quienes realizan operaciones poco frecuentes o por cantidades elevadas, situaciones en las que un error de captura podría representar una afectación económica considerable.

El diputado argumentó que la verificación previa permitiría prevenir conflictos que actualmente pueden terminar en aclaraciones bancarias, reclamaciones y procedimientos para recuperar recursos.

Asimismo, señaló que las medidas no solamente protegerían a los usuarios de servicios financieros, sino que también aportarían mayor certeza jurídica a los establecimientos.

Esto debido a que contar con evidencia de que el cliente conoció y autorizó expresamente una cantidad permitiría reducir controversias posteriores respecto de los importes cobrados.

Reforma busca prevenir errores antes de que se concrete el pago

El legislador destacó que la expansión de los pagos electrónicos debe acompañarse de mayores garantías de transparencia y seguridad para los consumidores.

La propuesta pretende establecer controles preventivos que permitan identificar posibles errores antes de concretar una transacción, en lugar de depender únicamente de los procedimientos posteriores de aclaración o devolución.

El proyecto fue presentado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre de 2026 y remitido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis.

Por ahora, las nuevas obligaciones para comercios y bancos constituyen una propuesta legislativa pendiente de dictaminación y eventual aprobación, por lo que todavía no representan disposiciones vigentes.

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