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Inhabilitan a Martín Borrego por simular acto oficial para su boda en el Munal

Usó su cargo en la SRE para celebrar su boda; lo inhabilitan un año.

Más de dos años después de utilizar el Museo Nacional de Arte (Munal) para celebrar su boda bajo la apariencia de un acto diplomático, Martín Borrego Llorente, exjefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue inhabilitado por un año para ocupar cargos públicos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este lunes que el exfuncionario aprovechó su posición en la Cancillería para solicitar el Salón de Recepciones del museo con el argumento de organizar una actividad oficial, cuando en realidad se trataba de un festejo privado.

La sanción se produjo después de que el escándalo, revelado en diciembre de 2024, provocara la salida de Borrego de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde trabajaba bajo las órdenes de Alicia Bárcena, su antigua jefa en Relaciones Exteriores.

Simuló acto diplomático para celebrar su matrimonio

El 4 de octubre de 2024, Borrego celebró su enlace matrimonial con Ionut Marian Vâlcu, diplomático de la Embajada de Rumania en México, en uno de los espacios emblemáticos del Munal, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

Para obtener el permiso, el entonces funcionario presentó la recepción como un encuentro diplomático relacionado con el 89 aniversario de las relaciones entre México y Rumania.

Sin embargo, las investigaciones determinaron que el inmueble fue utilizado para una celebración de carácter personal, ajena a las funciones oficiales que justificaron la solicitud.

La Secretaría Anticorrupción señaló que Borrego aprovechó su puesto para gestionar el recinto, conducta que derivó en su inhabilitación por un año.

El caso fue incluido en el informe de sanciones administrativas difundido este lunes por la dependencia federal, encabezada por Raquel Buenrostro.

Dejó Semarnat tras exhibirse la boda en el Munal

La controversia estalló el 8 de diciembre de 2024, cuando se difundieron detalles de la celebración y del uso de instalaciones culturales para un acto particular.

En ese momento, Borrego ya se desempeñaba como coordinador de Contacto con la Ciudadanía en la Semarnat, dependencia a la que había llegado tras la incorporación de Alicia Bárcena al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante las revelaciones, Bárcena solicitó su renuncia, que se concretó el 10 de diciembre de ese año.

En una carta, el exfuncionario aseguró que la celebración había sido pagada con recursos personales y que no ocasionó daños al erario. No obstante, reconoció que fue improcedente solicitar el espacio mediante un correo institucional y sin conocimiento de su superior.

El argumento de que el festejo se financió con dinero privado no impidió la sanción administrativa, pues la irregularidad acreditada se relacionó con el aprovechamiento del cargo público para gestionar el recinto.

Tribunal impone sanción por uso indebido del cargo

De acuerdo con el informe oficial, la inhabilitación se determinó conforme a la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Secretaría Anticorrupción explicó que corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionar las faltas graves, mientras que la dependencia federal resuelve las no graves.

También precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones.

Anticorrupción sanciona a 82 funcionarios y anuncia multas millonarias

La inhabilitación de Borrego forma parte de un paquete de sanciones contra 82 servidores públicos, un particular y una empresa por irregularidades detectadas en diferentes instituciones federales.

Las medidas incluyen destituciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta 10 años, además de sanciones económicas que, en conjunto, alcanzan los 175 millones de pesos.

Entre las dependencias involucradas figuran Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Guardia Nacional y la propia Cancillería.

El caso de Borrego exhibió el uso de una posición institucional para acceder a un espacio cultural bajo una justificación oficial que no correspondía con el verdadero propósito del evento.

La resolución llega 25 meses después de la celebración y casi dos años después de que el caso fuera denunciado públicamente.

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