La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reveló que integrantes de un grupo del crimen organizado presuntamente pagaron a manifestantes para realizar bloqueos en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, con el objetivo de presionar a las autoridades para modificar las condiciones de reclusión de una persona privada de la libertad.
Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada en Palacio Nacional, la funcionaria federal confirmó que las autoridades tienen conocimiento de la entrega de recursos económicos para organizar las protestas y advirtió que se procederá contra quienes resulten responsables.
“Sí tuvimos la información de que efectivamente, en una manifestación por esa zona, por Santa Fe, había personas que habían recibido un pago por hacer una manifestación”, declaró.
Rodríguez Velázquez explicó que la gravedad del caso radica en que los presuntos financiadores pertenecen a una organización delictiva relacionada con una persona que actualmente permanece recluida en un centro penitenciario.
“Lo que llamó la atención es que quienes pagaban eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que se encuentra privada de su libertad”, sostuvo.
La titular de la Secretaría de Gobernación señaló que no se permitirá que organizaciones criminales utilicen movilizaciones y cierres de vialidades como mecanismos de presión para obtener beneficios penitenciarios.
“Ya se están haciendo investigaciones y se va a proceder porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y sobre todo de personas que están, pues, totalmente vinculadas a la delincuencia organizada”, advirtió.
Investigan presuntos pagos para movilizar manifestantes
Las declaraciones surgen después de las movilizaciones registradas en Santa Fe, donde familiares y personas que se identificaron como allegados de internos protestaron por presuntas irregularidades en las condiciones de reclusión del Centro Federal de Reinserción Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.
Reportes periodísticos vincularon las protestas con el entorno de Lenin Canchola, señalado como líder de una organización criminal que opera en el poniente de la capital del país. Sin embargo, la secretaria de Gobernación evitó confirmar identidades para no comprometer las investigaciones.
“No voy a dar hoy nombres ni nada, porque tiene que mantenerse la investigación”, puntualizó.
Rosa Icela Rodríguez sostuvo que la libertad de manifestación es un derecho constitucional que debe garantizarse, pero advirtió que su ejercicio adquiere otra dimensión cuando existe financiamiento procedente de organizaciones delictivas.
“Nos llamó la atención que el ejercicio de un derecho como es la libertad de manifestarse, pues vaya hacia una falta a la ley”, señaló.
La funcionaria también cuestionó que desde un centro penitenciario puedan promoverse bloqueos para exigir condiciones particulares de reclusión, por lo que consideró indispensable identificar a quienes habrían ordenado y financiado las movilizaciones.
“Hay que ver quién es el que está adentro y que está mandando a la gente a bloquear y pedir condiciones por medio de un bloqueo”, expresó.
Gobernación advierte acciones contra responsables
Rodríguez Velázquez aseguró que las autoridades federales investigarán la participación de presuntos integrantes de organizaciones criminales en la movilización de personas y la realización de bloqueos.
Asimismo, hizo un llamado a quienes tengan inconformidades relacionadas con las condiciones de los centros penitenciarios para que recurran a los mecanismos institucionales de atención, sin afectar la movilidad de la población.
“Sí se va a investigar y se va a dar con los responsables”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el Gobierno federal mantiene abiertos los canales de comunicación para atender las demandas ciudadanas.
“No hay necesidad de ningún bloqueo, se les atiende inmediatamente. Las puertas del diálogo siempre, siempre estarán abiertas”, concluyó.
Foto: Redes Sociales















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