La Secretaría de Gobernación (Segob) detectó que propietarios de líneas de autobuses participan en la organización de algunas caravanas migrantes que atraviesan México, mediante un negocio que podría constituir un delito, aunque sin información que permita acreditar la intervención directa del crimen organizado.
La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, reveló este jueves, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que las autoridades han identificado a dirigentes de estos desplazamientos que también son propietarios de empresas de transporte.
La funcionaria reconoció que detrás de algunas movilizaciones existe una actividad lucrativa que opera bajo otra fachada, pero admitió que no cuenta con datos para confirmar su vinculación con organizaciones criminales.
Segob señala a empresarios del transporte por caravanas migrantes
Las declaraciones surgieron después de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, señalara la posible participación de cárteles del narcotráfico en el financiamiento y organización de caravanas que buscan llegar a territorio estadounidense.
Rodríguez respondió que las autoridades mexicanas han identificado estructuras de organización relacionadas con el transporte de personas migrantes, pero sostuvo que no dispone de elementos para atribuirlas directamente a la delincuencia organizada.
La secretaria explicó que algunos líderes de las caravanas incluso son propietarios de líneas de autobuses, situación que, de acuerdo con lo expuesto por la dependencia, evidencia intereses económicos detrás de determinados desplazamientos.
Sin embargo, no identificó públicamente a las empresas involucradas ni precisó cuántas caravanas habrían operado bajo ese esquema.
Admite Segob delito, pero no acredita vínculos con el narco
La titular de Gobernación distinguió entre el negocio ilegal que, aseguró, han detectado las autoridades y la presunta participación de organizaciones criminales señalada desde Washington.
Su posicionamiento dejó abierta la interrogante sobre el alcance de las redes que intervienen en el traslado de migrantes y las posibles responsabilidades de los propietarios de empresas de transporte.
Aunque calificó estas actividades como delictivas, no presentó públicamente expedientes, nombres de empresarios ni información sobre investigaciones específicas que permitan determinar la dimensión del negocio denunciado.
La distinción es relevante porque la participación de particulares en el traslado irregular de personas no acredita, por sí misma, vínculos con cárteles del narcotráfico.
México advierte que seguirá deteniendo a traficantes de personas
Frente a los cuestionamientos sobre la seguridad fronteriza y el movimiento de caravanas, Rodríguez aseguró que el Gobierno mexicano mantiene acciones para combatir el tráfico de personas.
La secretaria sostuvo que México continuará deteniendo a quienes sean identificados como responsables de ese delito y defendió la política migratoria federal, basada, afirmó, en la protección de los derechos humanos y la atención sin violencia.
También reiteró que existe cooperación con Estados Unidos y los países centroamericanos para enfrentar los desafíos migratorios, aunque dejó claro que dicha colaboración debe desarrollarse bajo un esquema de responsabilidad compartida y sin subordinación.
Rechaza Segob subordinación a Estados Unidos
El posicionamiento ocurre en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre el presunto financiamiento criminal de las caravanas migrantes.
Mientras Washington advierte sobre una posible intervención de los cárteles, Gobernación sostiene que la información disponible apunta a negocios de traslado de migrantes vinculados con propietarios de autobuses.
La declaración de Rosa Icela Rodríguez abre un nuevo frente de atención sobre las redes de transporte utilizadas en los desplazamientos migratorios, aunque permanece sin esclarecer cuántas empresas estarían involucradas, qué ganancias obtendrían y si existen investigaciones penales formalizadas contra sus responsables.
Por ahora, la Segob reconoce la existencia de un negocio ilegal detrás de algunas caravanas migrantes, pero no acredita públicamente su relación con el crimen organizado.















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