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EU acusa a 21 de La Nueva Familia Michoacana por narcotráfico y terrorismo

EU imputa 14 cargos al cártel; 16 acusados siguen prófugos en México.

Estados Unidos presentó una acusación federal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores del Cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM), incluidos sus principales líderes, por narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de migrantes, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, informó este viernes que un gran jurado en Del Río formuló 14 cargos penales contra la organización, encabezada presuntamente por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como El Fresa.

De los 21 acusados, cinco se encuentran detenidos en Estados Unidos y los otros 16 permanecen prófugos, presuntamente en territorio mexicano, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Van contra ‘El Pez’ y ‘El Fresa’, líderes del cártel

La acusación, registrada bajo el expediente 2:26-cr-03395-AM, señala a los hermanos Hurtado Olascoaga como responsables de una estructura criminal que habría operado desde 2006 mediante el envío de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

Según la Fiscalía, El Pez mantiene el control de la organización, mientras que El Fresa participa directamente en la coordinación de sus operaciones.

La investigación ubica las principales zonas de influencia del cártel en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, desde donde presuntamente dirige actividades de narcotráfico, extorsión, contrabando de personas y armamento.

El expediente también atribuye al grupo enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales, además de la utilización de drones equipados con explosivos improvisados.

Acusan tráfico de armas y muerte de migrantes

Uno de los señalamientos más graves corresponde al contrabando de migrantes que habría provocado la muerte de ocho personas durante un incidente ocurrido en marzo de 2021, cerca de Del Río, Texas.

La acusación incluye específicamente la muerte de un menor de edad ocurrida el 15 de marzo de ese año y responsabiliza a presuntos integrantes de la estructura de tráfico de personas.

En materia de armamento, la Fiscalía sostiene que la organización coordinó la adquisición y el traslado ilegal de rifles de alto poder, pistolas, cargadores y municiones desde Estados Unidos hacia México.

Entre las armas mencionadas figuran fusiles calibre .50, rifles AR-15 y armamento semiautomático. La investigación también documenta presuntos intentos de obtener equipo militar de mayor capacidad.

EU incorpora cargos por apoyo al terrorismo

La acusación representa una acción judicial contra la estructura del cártel bajo la legislación estadounidense sobre organizaciones terroristas extranjeras.

La Nueva Familia Michoacana fue designada por Washington como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025, clasificación que permite perseguir penalmente determinadas conductas relacionadas con el suministro de recursos y apoyo material al grupo.

El expediente señala presuntas operaciones para proporcionar armas y dinero destinado a su adquisición, conductas incorporadas al cargo número 14.

El fiscal Justin Simmons sostuvo que la estrategia estadounidense busca desmantelar las redes de narcotráfico, impedir el abastecimiento de armamento ilegal y procesar a los responsables mediante las herramientas federales disponibles.

Enfrentan penas de hasta cadena perpetua

Las autoridades estadounidenses identificaron como detenidos a Jesús Daniel Álvarez, Alejandro Díaz García, Rogelio Ponce Esquivel, Apolonio Benítez y Omar Sixto Benítez.

Los otros 16 acusados, entre ellos los hermanos Hurtado Olascoaga, continúan prófugos, según la información oficial difundida este viernes.

De resultar culpables, los procesados podrían enfrentar condenas de entre 10 años y cadena perpetua, además de multas de hasta 10 millones de dólares.

La investigación involucra al FBI, la DEA, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Las imputaciones constituyen acusaciones judiciales y no sentencias definitivas. Todos los señalados conservan la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad ante un tribunal.

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