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Caso Inés Gómez Mont: FGR rastrea 178.7 millones de pesos en 27 depósitos de dos empresas

Interpol retira alertas, pero México mantiene órdenes de aprehensión.

La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont la recepción de 178 millones 723 mil 428 pesos mediante 27 operaciones bancarias realizadas por dos empresas, sin que existieran contratos, facturas o comprobantes de servicios que justificaran las transferencias.

El dinero habría ingresado a dos cuentas bancarias personales de Gómez Mont, según documentos de la investigación federal consultados por El Financiero. Las autoridades consideran que los movimientos podrían formar parte de un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con contratos públicos presuntamente simulados.

Identifica FGR a dos empresas detrás de transferencias millonarias

De acuerdo con el expediente, los recursos procedían de Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V., y Gupea Construcciones, S.A. de C.V., compañías vinculadas por la Fiscalía con una presunta red de operaciones financieras irregulares.

La primera empresa habría realizado 12 movimientos por 7 millones 395 mil pesos cada uno, equivalentes a 88 millones 740 mil pesos.

En tanto, Gupea Construcciones aparece relacionada con 15 operaciones por 89 millones 983 mil 428.06 pesos.

De estas últimas, 14 movimientos fueron por 6 millones 348 mil 816.29 pesos cada uno, mientras que otra transferencia, por un millón 100 mil pesos, habría sido destinada a una segunda cuenta de la exconductora.

TRANSFERENCIAS ATRIBUIDAS POR LA FGR

88.74 mdp

Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética

12 operaciones

89.98 mdp

Gupea Construcciones

15 operaciones

178.72 mdp

Monto total señalado en la investigación

Investigan origen del dinero y ausencia de contratos

Para la FGR, uno de los principales elementos de sospecha es que Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, no habrían acreditado relaciones comerciales con las compañías involucradas.

La investigación sostiene que tampoco se localizaron documentos suficientes para demostrar la prestación de servicios que respaldaran los movimientos bancarios.

Bajo esa hipótesis, las empresas habrían sido utilizadas para dispersar recursos y dificultar la identificación de su origen y destino.

Los señalamientos forman parte de una investigación ministerial y no constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de culpabilidad.

Indagan presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos

El caso tiene sus antecedentes en una carpeta de investigación abierta en noviembre de 2019, relacionada con contratos otorgados durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En enero de 2022, la Fiscalía informó que investigaba una presunta estructura integrada por particulares y empresas que habrían intervenido en operaciones vinculadas con dos contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entonces adscrito a la Secretaría de Gobernación.

El monto de los contratos investigados ascendía a aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, destinados a servicios relacionados con centros penitenciarios federales.

Según la hipótesis ministerial, se habrían simulado operaciones comerciales para movilizar recursos públicos mediante distintas sociedades mercantiles.

Sin embargo, esa cantidad corresponde a los contratos bajo investigación y no al dinero que se ha acreditado como recibido personalmente por Gómez Mont.

Existe discrepancia sobre el monto acreditado

El expediente también registra un antecedente relevante.

En mayo de 2022, Animal Político publicó que, de acuerdo con documentos ministeriales y judiciales consultados entonces, la Fiscalía había acreditado movimientos por 14 millones 843 mil 816 pesos a favor de Gómez Mont.

Aquella investigación señaló que un juez calculó una posible recepción de hasta 178 millones de pesos al multiplicar determinados movimientos bancarios, criterio que fue cuestionado por la defensa.

Por ello, la cifra de 178.7 millones reportada ahora debe distinguirse del monto que aquella revisión identificó como acreditado, sin que las publicaciones permitan establecer por sí solas que la discrepancia haya quedado judicialmente resuelta. Grupo Animal+1

Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México

La situación judicial de la exconductora adquirió nuevamente relevancia después de su detención, el 30 de octubre de 2026, por autoridades migratorias estadounidenses en Florida.

El 3 de noviembre, la fiscal general Ernestina Godoy confirmó que Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México.

Una corresponde a presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están relacionadas con defraudación fiscal equiparada.

La titular de la FGR explicó que la situación migratoria de la exconductora corresponde a las autoridades estadounidenses y que, en caso de ser deportada a México, se ejecutarían las órdenes judiciales pendientes.

Hasta la información disponible en los reportes consultados, no se había confirmado una fecha para su traslado a territorio mexicano.

El procedimiento mantiene abiertas las acusaciones relacionadas con los contratos públicos y las investigaciones fiscales. La responsabilidad penal de Gómez Mont deberá resolverse ante los tribunales competentes.

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