En el marco del Foro “FAISPIAM Presupuesto Compensatorio, Equitativo, Justo y Proporcional para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), denunció que la pobreza extrema en México se concentra mayoritariamente en los pueblos originarios, quienes han sido históricamente excluidos, especialmente durante los 36 años del modelo neoliberal que, afirmó, concentró la riqueza en pocas manos.
Durante la inauguración del foro, Sandoval Flores destacó que con la llegada de la Cuarta Transformación existe una oportunidad histórica para que las comunidades indígenas se organicen y reclamen sus derechos. En ese sentido, recordó que este año se destinará el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), conforme a lo establecido por ley.
Sin embargo, advirtió que persisten interrogantes fundamentales sobre la operación del fondo: “¿Cómo y quién determina qué es una comunidad indígena? ¿Están todas reconocidas? ¿Cómo se distribuyen los recursos y con qué criterios? ¿Es suficiente el dinero?”, cuestionó. Por ello, subrayó la importancia de realizar este tipo de encuentros para abrir el debate y fortalecer la coordinación interinstitucional.
El legislador hizo un llamado a la Secretaría de Bienestar, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las secretarías de Educación y Salud, para asegurar que el presupuesto cumpla con su propósito de combatir la desigualdad estructural que enfrentan estas comunidades.
Por su parte, la diputada Aracely Cruz Jiménez (PT) instó a revisar y mejorar la operación del FAISPIAM, señalando que miles de comunidades han quedado fuera del padrón de beneficiarios, lo que contradice el espíritu compensatorio del fondo. Denunció que la actual implementación ha generado conflictos internos, al desconocer autoridades tradicionales y exigir la creación de nuevos comités de obras, imponiendo estructuras ajenas a las formas de organización indígena.
Cruz Jiménez propuso que sea el INPI quien defina las reglas de operación, respetando el catálogo oficial de pueblos indígenas y garantizando criterios culturalmente pertinentes. “La ejecución del programa debe construirse con procesos participativos reales que fortalezcan el consenso comunitario y eviten prácticas verticales o centralistas”, afirmó.
Ambos legisladores coincidieron en que el diseño del presupuesto y sus mecanismos de aplicación deben surgir desde las comunidades, no desde los escritorios institucionales, para evitar que se conviertan en herramientas de exclusión. El foro concluyó con un llamado al diálogo, la transparencia y la justicia presupuestaria para los pueblos indígenas y afromexicanos de México.
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