La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió asumir el análisis de uno de los temas más complejos en materia de derechos humanos: la expedición de actas de nacimiento para niños nacidos en vientres subrogados, a quienes las autoridades civiles suelen negarles el registro, impidiéndoles salir del país o acceder a servicios básicos.
Por siete votos a favor y dos en contra —de los ministros Hugo Aguilar Ortiz y Yasmín Esquivel—, la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para revisar la contradicción de criterios 38/2025 entre el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo.
Mientras el Segundo Tribunal otorgó un amparo a los padres de un menor al considerar su derecho a la identidad, el Tercer Tribunal, en un caso similar, negó la protección judicial. Ante la disparidad, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur pidió la intervención del máximo tribunal.
Un debate sobre identidad y derechos
La nueva integración de la Corte deberá pronunciarse sobre la legalidad de los registros civiles que niegan actas de nacimiento a menores nacidos mediante vientres subrogados, práctica que permanece sin regulación en la mayor parte del país y que ha derivado en abusos y vacíos legales.
En julio pasado, los anteriores ministros concedieron un amparo a una mujer de Sinaloa que rentó su vientre y fue forzada a firmar una cláusula que la obligaba a indemnizar a la pareja contratante si los gemelos que esperaba sufrían algún daño.
El caso derivó en un litigio sobre qué nombres debían figurar como padres en las actas de nacimiento expedidas en Jalisco, donde la subrogación no está regulada.
En diciembre de 2024, la Corte también desechó un proyecto que proponía declarar inconstitucional el sistema de registro civil jalisciense, por no prever la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada.
Urgencia legislativa ignorada
Desde 2021, el máximo tribunal exhortó a los congresos federal y estatales a legislar “de manera urgente y prioritaria” sobre la gestación por sustitución, luego de analizar la ley de Tabasco, una de las pocas entidades que la regula junto con Sinaloa.
En sentido opuesto, Querétaro y San Luis Potosí han reformado sus códigos para prohibir expresamente estos acuerdos y reconocer siempre como madre a la mujer gestante.
Violaciones a derechos humanos
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado que la falta de regulación genera un entorno de abusos: clínicas que operan sin control, contratos irregulares, explotación de mujeres gestantes, criminalización y, en muchos casos, negación de identidad a los niños.
La resolución que emita la SCJN será determinante para definir el marco jurídico de la gestación subrogada en México y sentar un precedente sobre el derecho a la identidad de los menores nacidos bajo este tipo de acuerdos.
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