La Asociación de Internet MX (AIMX) lanzó una severa advertencia sobre los riesgos del nuevo Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados dentro del Paquete Económico 2026, al considerar que su implementación podría representar un golpe sin precedentes para la privacidad, la ciberseguridad y la estabilidad del ecosistema digital en México.
La AIMX, que agrupa a más de 200 empresas nacionales e internacionales del sector tecnológico y digital, denunció que la aprobación del artículo se realizó “fast-track”, sin un análisis exhaustivo ni la debida atención a las observaciones de expertos, académicos y organizaciones civiles.
La medida, señaló, coloca a México en riesgo de emular prácticas de vigilancia propias de regímenes autoritarios, al otorgar facultades excesivas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Acceso irrestricto a bases de datos y riesgo de vigilancia masiva
En su redacción actual, el artículo permite al SAT acceder en tiempo real y de manera permanente a las bases de datos de plataformas digitales que operan en el país, bajo el argumento de mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal.
Sin embargo, para la AIMX, esta disposición equivale a la instauración de un sistema de vigilancia masiva sobre operaciones empresariales y usuarios, sin necesidad de orden judicial ni controles procesales.
“No existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida tan intrusiva”, advierte la asociación.
“Facultar al SAT a ingresar a los sistemas digitales de empresas privadas sin mandato judicial es equivalente a otorgarle una llave maestra que puede abrir las puertas de los datos personales de millones de ciudadanos».
Riesgos para la privacidad, la economía y los derechos humanos
El posicionamiento de la AIMX detalla una serie de implicaciones que, de aprobarse en sus términos actuales, afectarían tanto a las empresas como a los usuarios:
- Riesgo a la privacidad: el acceso continuo a sistemas de alto tráfico expone datos personales sensibles y vulnera el derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
- Sanciones desproporcionadas: el artículo prevé bloqueos totales de servicios digitales ante supuestos incumplimientos fiscales, lo que equivaldría a una “muerte digital” con pérdidas económicas millonarias.
- Violación de derechos humanos: contraviene el Artículo 16 de la Constitución, que prohíbe toda intromisión sin mandamiento fundado y motivado de autoridad competente, además de vulnerar tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Daño a la economía digital: la medida podría desincentivar el uso de plataformas tecnológicas, especialmente entre las MiPyMEs, provocando una regresión hacia modelos tradicionales y limitando la innovación.
- Amenaza a la ciberseguridad: la conexión en tiempo real entre sistemas del gobierno y servidores en la nube abre una “puerta trasera” vulnerable al hackeo, recordando incidentes como la filtración de credenciales del SAT en 2024 o del IMSS en 2025.
“La aprobación del Artículo 30-B podría derivar en un escenario de sobreexposición de secretos industriales, espionaje económico y debilitamiento de la confianza en las instituciones”, alertó la Asociación.
Comparación con prácticas autoritarias y llamado al Senado
La Asociación de Internet MX advirtió que el país podría ser percibido internacionalmente como un Estado que legaliza la vigilancia digital, generando desconfianza en inversionistas y afectando la competitividad del sector tecnológico.
“Cuando los ciudadanos perciben que sus espacios de libertad se reducen, el descontento social puede escalar rápidamente, generando crisis de legitimidad y gobernabilidad”, sostiene el comunicado.
Por ello, la AIMX hizo un llamado urgente a los senadores y senadoras de la República a rectificar la medida antes de su aprobación definitiva y a legislar con visión de Estado, respetando los derechos fundamentales y el marco democrático.
La asociación recordó que, pese a las modificaciones realizadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, éstas no son suficientes para eliminar los riesgos descritos por el sector digital, ni garantizan un equilibrio entre fiscalización y protección de datos.
“El SAT no puede convertirse en un visitante permanente del hogar digital de cada ciudadano. Sin límites claros ni orden judicial, esto es autoritario”, advierte la AIMX, en una analogía sobre la magnitud de la intromisión estatal.
Propuestas de la AIMX para una fiscalización digital responsable
En un ejercicio propositivo, la AIMX planteó un conjunto de ajustes al Artículo 30-B con el objetivo de compatibilizar la recaudación fiscal con la protección de derechos humanos y la seguridad tecnológica:
- Eliminar el acceso en tiempo real, reemplazándolo por auditorías selectivas con orden judicial.
- Establecer modelos de actualización periódica, cada 48 o 72 horas, para reducir riesgos técnicos y de seguridad.
- Limitar el alcance de los datos exclusivamente a información fiscalmente relevante.
- Proteger expresamente los secretos industriales y la información sensible de competitividad.
- Implementar mecanismos seguros de acceso, como autenticación multifactor y registros de auditoría.
- Aplicar sanciones proporcionales y escalonadas, evitando bloqueos totales inmediatos.
- Iniciar una fase piloto antes de la implementación general.
- Incluir regímenes diferenciados para MiPyMEs y mantener la responsabilidad limitada de intermediarios, en concordancia con el T-MEC.
“Estamos a tiempo. La privacidad de las empresas y las personas no son privilegios, son derechos. La digitalización del Estado debe ser compatible con la libertad, la innovación y el respeto a los derechos humanos”, concluye el comunicado.
La AIMX reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno de México en el diseño de un marco fiscal digital “inteligente, seguro y viable” que fomente la innovación sin recurrir a la vigilancia indiscriminada.
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