La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó con 32 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones la opinión de impacto presupuestario de la iniciativa que expide la Ley General de Aguas, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El dictamen concluye que la propuesta no generará impacto presupuestal para el erario federal, ya que no crea nuevas plazas, organismos ni atribuciones adicionales para el Estado. Gómez Pozos informó que el documento será turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para continuar el proceso legislativo.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) destacó que el objetivo es fortalecer la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales y evitar que se administren como mercancía, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución.
El análisis técnico del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) “Ifigenia Martínez y Hernández” determinó que la administración pública federal ya cuenta con las estructuras necesarias para aplicar la ley: Semarnat, Conagua, IMTA, Conafor, Conanp, Profepa y Cofepris, entre otras. Estas dependencias disponen de recursos por 42 mil 91 millones de pesos dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, por lo que no se prevén asignaciones adicionales.
La iniciativa presidencial busca reafirmar la rectoría del Estado sobre el agua, garantizar la distribución justa del recurso y asegurar el derecho humano al acceso para las generaciones presentes y futuras.
Avalan opinión sobre la Ley General contra el Delito de Extorsión
En la misma sesión, la Comisión también aprobó con 42 votos a favor su opinión de impacto presupuestario a la Ley General contra el Delito de Extorsión, promovida por el diputado Fernando Torres Graciano y legisladores del PAN.
El dictamen establece que no habrá impacto presupuestario, pues el artículo Quinto Transitorio del proyecto dispone que cualquier erogación derivada se realizará con los recursos ya aprobados por la Cámara de Diputados, y sin ampliaciones presupuestales.
El CEFP coincidió en que la iniciativa no implicará mayores gastos y permitirá homologar el tipo penal de extorsión a nivel federal y local, con protocolos más claros para la denuncia, atención y sanción del delito.
La propuesta, que contempla 8 capítulos, 26 artículos y 5 transitorios, establece penas de cinco a diez años de prisión y multas de dos mil a tres mil UMA, que se duplicarán si intervienen varias personas, se usan armas, se causa daño físico o moral, o la víctima pertenece a un grupo vulnerable.
Ambos dictámenes fueron turnados a las comisiones competentes para su análisis y eventual dictamen ante el Pleno.
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