Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas investigadas por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, por lo que permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, «Altiplano», mientras continúa el proceso judicial.
La determinación fue adoptada durante la audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra los ocho detenidos por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, en un expediente relacionado con una investigación sobre presunto «huachicol fiscal».
Defensa solicita duplicidad del término; aún no son vinculados a proceso
Los abogados defensores solicitaron la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de los imputados, por lo que el juez aplazó la audiencia de vinculación a proceso. En consecuencia, ninguno de los acusados ha sido procesado formalmente y será en la continuación de la audiencia cuando se determine si existen elementos suficientes para iniciar el juicio penal.
Mientras tanto, el juzgador consideró procedente mantener la medida cautelar de prisión preventiva debido a la naturaleza de los delitos imputados y a los argumentos expuestos por el Ministerio Público Federal.
Investigación por presunto contrabando de combustibles
La investigación de la FGR vincula a los detenidos con una presunta red dedicada al ingreso ilegal de combustibles al país mediante operaciones aduaneras irregulares y declaraciones falsas sobre la mercancía importada, un esquema conocido como «huachicol fiscal». Las indagatorias derivan de aseguramientos e investigaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad en torno al tráfico ilegal de hidrocarburos.
Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México, ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que su participación en la empresa investigada fue únicamente como accionista minoritario. La defensa insiste en que el exmandatario no tuvo intervención en las operaciones que investiga la autoridad.
El proceso continúa
Con la duplicidad del término constitucional, el juez definirá en los próximos días si vincula o no a proceso a Ernesto Ruffo y a los otros siete imputados. Hasta entonces, todos permanecerán sujetos a prisión preventiva en el penal federal del Altiplano mientras la FGR presenta los datos de prueba para sustentar las acusaciones.
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