Cada día, 43 personas no regresan a casa debido a un siniestro vial. En un año, las víctimas suman más de 16 mil muertes y 1.6 millones de personas lesionadas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021-2023. Detrás de cada caso hay familias que enfrentan consecuencias irreversibles, señalaron El Poder del Consumidor, el Instituto del Sur Urbano y la Coalición Movilidad Segura.
“En cada siniestro vial está involucrado un vehículo de motor, por ello es urgente actualizar las normas que regulan su seguridad”, advirtieron las organizaciones, que exigieron a la Secretaría de Economía reformar la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021, publicada en 2022, pues no obliga la incorporación de sistemas que protejan a peatones, ciclistas y motociclistas.
Muertes evitables y costo económico
En México, el 70% de las víctimas mortales en siniestros viales son usuarios vulnerables. Solo en 2022, murieron 15 mil 986 personas; de ellas, 5 mil 794 eran peatones y 5 mil 246 motociclistas.
Carolina Pérez-Ferrer, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, recordó que “además del dolor humano, los siniestros representan una carga económica costosísima”. En 2019 los costos ascendieron a 333 mil millones de pesos, equivalentes al 1.28% del PIB, cifra que hoy podría estar subestimada. “Invertir en seguridad vehicular no es un gasto, es una inversión con retorno social que salva vidas”, subrayó.
Obstáculos industriales
Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, denunció que “la presión de la industria automotriz y del gobierno estadounidense impidió incorporar el Estándar de Protección a Peatones y el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB)” en la norma actual. Según estudios del BID y Latin NCAP, su obligatoriedad podría evitar más de 3 mil muertes anuales.
Llamado urgente a la Secretaría de Economía
José Arévalo, del Instituto del Sur Urbano, señaló que México incumple los compromisos del Decenio de Acción 2021-2030 de la ONU, que busca reducir 50% de muertes por tránsito. Areli Carreón, de la Coalición Movilidad Segura, agregó: “La actualización de la NOM-194 no es una mera mejora técnica, es un acto de justicia. Las personas tienen derecho a desplazarse sin morir en el intento”.
Las organizaciones urgieron que la actualización de la NOM-194 se incluya en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2026, en cumplimiento de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga al Estado a garantizar el derecho constitucional a la movilidad segura, inclusiva y sostenible. “Posponer esta actualización sería perpetuar un modelo de movilidad inseguro y una deuda con la vida de miles de personas”, concluyeron.
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