México podría aprovechar de manera más estratégica el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Modernizado México–Unión Europea (MGA, por sus siglas en inglés) si los interpreta desde su propia realidad, con base en sus fortalezas y prioridades de desarrollo, afirmó el doctor Hernán Núñez Rocha, consultor jurídico independiente.
Durante la conferencia magistral El nuevo tratado México–Unión Europea y la renovación del T-MEC, el especialista señaló que las cláusulas sobre derechos humanos, laborales y ambientales deben asumirse como ejes sustantivos. “Los tratados ya no sólo abren mercados, sino que determinan el rumbo de la economía, la tecnología y los derechos sociales”, explicó en el marco del Coloquio Internacional T-MEC: retos y perspectivas, organizado por la Maestría en Derecho y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco.
Núñez Rocha subrayó que el T-MEC responde a una lógica anglosajona y comercial, mientras que el acuerdo con la Unión Europea parte de una tradición jurídica continental más institucional y social. Destacó que el MGA, cuya modernización concluyó en 2020 y aún espera ratificación, incluye innovaciones como la apertura de contrataciones públicas, un nuevo sistema de corte de inversión con jueces permanentes y capítulos vinculantes sobre medioambiente y desarrollo.
En materia de propiedad intelectual, dijo, el acuerdo europeo refuerza la protección de indicaciones geográficas y derechos de autor en entornos digitales, sin eliminar las flexibilidades necesarias para el acceso al conocimiento y la innovación. Sobre el T-MEC, recordó que la revisión sexenal prevista en el artículo 34.7 genera tanto actualización constante como incertidumbre por la posibilidad de renegociaciones. Asimismo, advirtió que México ha elevado de manera excesiva los estándares de protección intelectual, limitando su margen para impulsar la innovación local.
Por ello, propuso articular una política jurídica y económica coherente que combine los compromisos internacionales con las prioridades nacionales, fortaleciendo la autonomía normativa y la diplomacia económica.
El doctor Rafael Julio Pérez Miranda, académico de la UAM Azcapotzalco, recordó que los principales tratados firmados por México han tenido modificaciones posteriores a su firma, lo que ha generado conflictos que podrían repetirse con el T-MEC.
El conocimiento como motor de integración
Durante la inauguración del Coloquio, el rector general de la UAM, doctor Gustavo Pacheco López, convocó a los jóvenes a reflexionar sobre el país que desean construir. “México es la economía número 12 del mundo y será la décima en 2030. En 2050 podría ocupar el sexto lugar. La pregunta es si estará basada en la maquila o en la innovación tecnológica”, planteó.
Subrayó que la transferencia del conocimiento universitario es clave para transformar la investigación en prosperidad social. “El conocimiento que no se aplica se queda incompleto. La Universidad debe transformarlo en bienestar colectivo”, afirmó.
Por su parte, la doctora Yadira Zavala Osorio, rectora de la Unidad Azcapotzalco, sostuvo que el T-MEC no sólo es un acuerdo comercial, sino un entramado político, jurídico y social que redefine las relaciones entre los Estados y la ciudadanía. Destacó el papel de las universidades públicas para generar pensamiento crítico y formar profesionales capaces de construir una integración justa y sostenible.
El doctor Jesús Manuel Ramos García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, apuntó que el Coloquio busca promover el diálogo sobre integración económica, sostenibilidad ambiental y derechos humanos. Mientras, la maestra Sandra Salcedo González y el doctor José Juan González Márquez coincidieron en que estas discusiones deben fomentar rutas de trabajo y participación universitaria ante los desafíos de la integración regional.
El encuentro, realizado los días 21 y 22 de octubre, reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir las implicaciones jurídicas, económicas y ambientales de los tratados comerciales, reafirmando el compromiso de la UAM con la formación crítica y la responsabilidad social de la universidad pública.
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