La diputada María Graciela Gaitán Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para adicionar una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación, con el fin de establecer la instalación obligatoria de sistemas de videovigilancia en los planteles escolares como parte de las acciones de infraestructura y seguridad educativa. La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación.
De acuerdo con el proyecto, la Secretaría de Educación Pública deberá contemplar en los lineamientos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de escuelas la colocación de cámaras de circuito cerrado o en tiempo real en patios, accesos a baños y áreas de tránsito común. Estos dispositivos estarán conectados al centro de comando escolar y al correspondiente C5, garantizando su operación bajo normas estrictas de privacidad y protección de datos personales.
Gaitán Díaz argumenta que las escuelas son el segundo espacio de convivencia más relevante para niñas, niños y adolescentes, por lo que es indispensable asegurar entornos libres de violencia y que protejan su integridad física, emocional y psicológica. Cita el estudio Entornos escolares seguros (SEP, 2023), que recomienda reforzar las acciones preventivas ante el aumento de riesgos dentro de los centros educativos.
La legisladora advierte que México ocupa el primer lugar en casos de bullying en educación básica dentro de los países de la OCDE y que, según la CNDH, siete de cada diez estudiantes han sufrido algún tipo de violencia escolar. Organismos como Redim y Unicef también han alertado sobre los efectos del acoso en el rendimiento académico y la salud mental.
Si bien existen protocolos escolares para manejar riesgos y denuncias, Gaitán Díaz considera que han sido insuficientes para frenar la creciente incidencia de agresiones. Por ello sostiene que la adopción de tecnología de videovigilancia es una medida “necesaria, proporcional y urgente” que permitiría identificar responsables, prevenir incidentes y actuar con mayor oportunidad.
La propuesta se alinea con los artículos 3°, 4° y 16° constitucionales, que obligan al Estado a garantizar educación en espacios seguros y libres de violencia, así como a proteger a la infancia sin vulnerar su privacidad. También responde a compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Gaitán Díaz concluye que la videovigilancia contribuiría a fortalecer la prevención, brindar mayor tranquilidad a madres y padres de familia, y avanzar hacia escuelas más seguras para niñas, niños y adolescentes.
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