La diputada Claudia Quiñones Garrido (PAN) presentó una iniciativa para incorporar un Capítulo III Bis 1 a la Ley General de Salud con el fin de asegurar que las personas diagnosticadas con cáncer reciban tratamiento continuo, medicamentos necesarios y seguimiento clínico oportuno.
La propuesta establece que, si las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud no pueden garantizar el inicio del tratamiento dentro de los 21 días posteriores al diagnóstico, deberán autorizar y cubrir la atención en hospitales privados acreditados. La reforma fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis.
El proyecto plantea que la Secretaría de Salud firme convenios con prestadores privados bajo un tabulador regulado, estándares de calidad y criterios de seguimiento. Además, obliga a coordinarse con el Instituto Nacional de Cancerología y el Registro Nacional de Cáncer para asegurar trazabilidad y control de los tratamientos.
Quiñones Garrido sostuvo que esta reforma busca hacer efectivo el derecho humano a la salud, reconocido en tratados internacionales ratificados por México, los cuales establecen el acceso oportuno a servicios médicos eficaces. Recordó que la Organización Mundial de la Salud advierte que cada semana de retraso en el tratamiento oncológico reduce notablemente las posibilidades de supervivencia.
La legisladora destacó que el cáncer debe ser considerado un asunto prioritario por su impacto epidemiológico y económico. Subrayó que activar el apoyo del sector privado ante fallas del sistema público es una medida urgente para garantizar diagnósticos y tratamientos oportunos.
También expuso cifras que reflejan la gravedad del problema: aunque el cáncer de mama es la principal causa de muerte por esta enfermedad en México, solo 3% de las pacientes atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología inició tratamiento antes de tres meses, mientras que 63% lo hizo después de seis. Además, tratarlas en fases avanzadas cuesta en promedio 729 mil 670 pesos anuales, mientras que detectarlo a tiempo reduce el gasto a 195 mil pesos y aumenta 57% la probabilidad de éxito terapéutico.
De aprobarse la reforma, aseguró, el país avanzaría en la protección del derecho a la salud, salvaría más vidas y reduciría costos para el erario a largo plazo.
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