Concluyeron en la Cámara de Diputados las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos para analizar la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.
Durante cuatro días, activistas, especialistas, representantes comunitarios y organizaciones participaron de forma presencial y remota para plantear ajustes al proyecto.
En la última jornada, dedicada al derecho humano al agua, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena) agradeció las aportaciones y aseguró que el debate legislativo buscará beneficiar a quienes menos tienen.
Destacó la demanda recurrente de reconocer a los Consejos Comunitarios como parte del nuevo marco legal.
El diputado Gabriel García Hernández (Morena) afirmó que todas las propuestas serán consideradas. Entre ellas, Alfredo Méndez Baena advirtió que la Ley de Aguas Nacionales “entregó el recurso a empresas” y permite que se dejen de cobrar más de 44 mil millones de pesos anuales en derechos. Integrantes de colectivos como Agua para Todos insistieron en que la redistribución de volúmenes debe priorizar el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria.
Otros ponentes pidieron ampliar la definición de delitos hídricos, reconocer los derechos de la naturaleza, integrar de forma plena las aguas superficiales y subterráneas, e incorporar educación ambiental desde las escuelas.
En el grupo de trabajo de la zona centro, la diputada Xóchitl Zagal (Morena) reportó 180 ponencias y 200 participaciones documentales, con 450 propuestas en total.
Legisladores de Morena, PVEM, MC y PT coincidieron en la necesidad de fortalecer sistemas públicos, evitar abusos en concesiones, crear un fondo nacional de infraestructura y garantizar una gobernanza abierta y transparente.
Participantes subrayaron la gravedad de la crisis hídrica: más del 70% de ríos y lagos están contaminados, nueve millones de personas no tienen agua potable y 515 municipios carecen de drenaje.
Además, pidieron que ríos, lagos y manantiales sean reconocidos como sujetos de derechos, y que se articulen mecanismos de consulta para evitar duplicidades en las evaluaciones ambientales.
En la zona norte, moderada por la diputada Felicita Pompa Robles (Morena), hubo 147 participantes de once estados.
Se insistió en que la ley tenga un enfoque integral que impulse la soberanía alimentaria, proteja el medio ambiente y prevenga la concentración del recurso en manos de grandes concesionarios.
También se planteó facilitar denuncias por contaminación, tipificar nuevos delitos hídricos y garantizar acceso a información histórica sobre concesiones.
Los asistentes coincidieron en que el agua no debe tratarse como mercancía, sino como un derecho humano que requiere una legislación clara, equitativa y con participación social efectiva.
Las propuestas serán analizadas en los próximos días para dictaminar la nueva Ley General de Aguas.
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