La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su gobierno presentará en las próximas semanas un informe depurado sobre las personas desaparecidas en el país, luego de detectar inconsistencias significativas en la base de datos heredada por la administración anterior.
Explicó que la antigua plataforma permitía registrar desaparecidos con datos incompletos: en muchos casos solo aparecía el primer nombre, sin apellidos, sin dirección, sin contacto y sin información del lugar de desaparición.
Aun así, estos reportes se contabilizaban como casos confirmados. Por ello, se inició un cruce exhaustivo con las fiscalías estatales y los ministerios públicos para identificar cuáles registros cuentan con carpeta de investigación o antecedentes formales.
Sheinbaum señaló que este proceso requiere integrar datos de comisiones de búsqueda, fiscalías y autoridades locales, con apoyo de herramientas tecnológicas que permiten agilizar la verificación. La meta es informar con claridad qué expedientes tienen información completa, cuáles no y qué tipo de seguimiento legal poseen.
Destacó que la nueva ley brinda facultades para realizar búsquedas administrativas. Esto incluye consultas al INE para saber si una persona reportada como desaparecida realizó trámites después de la fecha en que se perdió contacto con ella.
Si se confirma actividad reciente, se procede a localizarla y a verificar la información con familiares.
La presidenta recordó que la legislación actual establece plazos definidos para distinguir entre “no localizada” y “desaparecida”, condición que obliga a abrir una carpeta de investigación.
Sin embargo, advirtió que las fiscalías no reportan nuevos casos todos los días, lo que retrasa la consolidación de cifras confiables y la identificación de posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Además, informó que el gobierno refuerza las estrategias para impedir la captación de jóvenes por redes criminales.
Señaló que, con el apoyo del nuevo sistema nacional de inteligencia, se han dado de baja varias plataformas digitales que promovían reclutamientos ilegales.
Paralelamente, se establecen medidas de alertamiento en centrales de autobuses, donde ya se exige identificación oficial en estados considerados de riesgo.
Sheinbaum también mencionó nuevas regulaciones para la venta de chips telefónicos, que ahora requerirán identificación obligatoria para impedir su uso anónimo en extorsiones.
Las telefónicas deberán resguardar los datos y entregarlos a las autoridades cuando la ley lo solicite en casos relacionados con desapariciones o delitos vinculados.
Finalmente, la mandataria subrayó que el trabajo no se limita a la depuración de cifras, sino a la prevención y protección de la población más vulnerable.
Escuelas, universidades y centros de alto rendimiento participan ya en estrategias para evitar que jóvenes sean atraídos por organizaciones criminales.
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