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Conagua denuncia “campaña de mentiras” para frenar cambios en el uso del agua

Morales sostuvo que la reforma ha sido objeto de una “campaña de desinformación” orientada a generar incertidumbre.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, defendió  la reforma hídrica que avanza en la Cámara de Diputados y aseguró que su esencia es “devolverle al agua su carácter de bien nacional, no de mercancía”. 

En conferencia de prensa, dijo que  la iniciativa busca desmontar prácticas históricas de acaparamiento, sobreexplotación y mercados ilegales que han permitido a unos cuantos enriquecerse a costa de comunidades sin acceso al recurso.

Morales sostuvo que la reforma ha sido objeto de una “campaña de desinformación” orientada a generar incertidumbre entre productores agrícolas. 

Entre las versiones falsas más difundidas, mencionó la supuesta prohibición de heredar terrenos con título de concesión. 

“Totalmente falso. La ley lo garantiza de manera explícita”, afirmó.

 Insistió en que tampoco es cierto que la venta de una propiedad deje de incluir la concesión de agua.

“Sería absurdo pensar en vender una parcela sin agua; eso quedó claramente asentado en el dictamen”.

Otra de las inquietudes que desmintió es la presunta criminalización de productores por construir bordos, tomar agua de un río o trasladarla para riego.

 Morales señaló que las sanciones contempladas están dirigidas exclusivamente a quienes abusan de su poder político o económico para desviar grandes volúmenes de agua con fines de lucro, afectando a comunidades enteras. 

Recordó como ejemplo emblemático el caso del exgobernador que mandó construir una presa particular capaz de retener 700 mil metros cúbicos, generando conflictos y escasez aguas abajo.

También negó que la Conagua vaya a sancionar el transporte de agua en pipas o a regular de forma restrictiva la captación de lluvia. 

Subrayó que la iniciativa incentiva los sistemas de captación en zonas sin acceso a agua superficial o subterránea, y que solo se pide un trámite administrativo cuando la obra rebasa las dimensiones de una olla común y puede alterar ríos o ecosistemas.

Morales recalcó que ninguno de los derechos adquiridos será afectado.

 “Todo aquel que hoy tiene una concesión la conserva. No se les va a quitar ni a limitar”, dijo.

Añadió que prácticas habituales como rentar temporalmente parcelas con agua seguirán permitidas, y que los pozos domésticos con título continuarán operando sin cambios.

El funcionario destacó que la reforma reconoce a los sistemas comunitarios de gestión del agua y establece un nuevo modelo de concesiones “transparente, legal y con total certeza para los usuarios”. 

Uno de sus ejes, acotó,  es la “cero tolerancia a la corrupción”, tanto para servidores públicos que vendan concesiones como para particulares que intenten obtenerlas mediante dádivas.

Morales aseguró que la iniciativa no solo responde a los retos actuales, sino que busca garantizar que futuras generaciones no padezcan conflictos por el abastecimiento.

 “Es un acto de justicia que restituye el agua a quienes más la necesitan”, afirmó. 

Por último, llamó  a los productores a no dejarse llevar por mensajes alarmistas y a tener confianza en que serán “los principales beneficiarios” de una ley que, dijo, está por concluir su camino en Diputados antes de pasar al Senado.

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