Durante el foro “Desplazamiento forzado interno en México”, celebrado en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y del PT junto con representantes de colectivos de víctimas coincidieron en la necesidad de consolidar una ley general en materia de desplazamiento forzado interno, construida mediante un diálogo amplio con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y universidades.
La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena), acompañada por la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) y el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), subrayó que “necesitamos una legislatura urgentemente, que sea efectiva”, centrada en la restitución de derechos de las víctimas. Señaló que uno de los acuerdos principales del encuentro es trabajar colectivamente en una propuesta de ley que responda a esta crisis humanitaria.
El foro contó con la participación de Paula Gaviria Betancourt, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de personas desplazadas forzadamente, quien reconoció que México enfrenta un fenómeno multicausal que requiere voluntad política, coordinación institucional y liderazgo estratégico. Gaviria destacó que el país, como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, tiene la oportunidad de mostrar un liderazgo regional e internacional en la atención al desplazamiento interno.
Los legisladores recordaron que en 2022 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley sobre desplazamiento forzado interno, pero esta quedó congelada en el Senado. Por ello, enfatizaron la urgencia de retomarla en el próximo periodo legislativo. Vázquez Vázquez, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, recalcó que la pérdida de tierras, patrimonio y vínculos culturales ha afectado profundamente a las comunidades desplazadas, por lo que la atención integral debe incluir reparación de daños materiales, psicológicos y culturales.
En el encuentro, víctimas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa compartieron testimonios sobre violencia, despojo y falta de justicia. Denunciaron que, aunque existen leyes locales en algunos estados, la ausencia de reglamentación impide el acceso real a derechos. Coincidieron en que una legislación nacional es indispensable para garantizar justicia, reparación y condiciones seguras de retorno.
La diputada Cruz Jiménez aseguró que continuará levantando la voz junto a sus colegas para abrir espacios de visibilidad y justicia. Mientras tanto, Gaviria Betancourt recordó que en 2024 más de 123 millones de personas en el mundo fueron desplazadas, de las cuales 83 millones lo hicieron dentro de sus países, lo que calificó como una crisis global que exige respuestas urgentes.















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