El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó este lunes que la investigación del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se encuentra en el abandono y reclamó una intervención efectiva del Gobierno federal para evitar impunidad en un caso que se convirtió en emblema de la crisis de desapariciones.
En un posicionamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, el grupo sostuvo que no se han realizado cateos suficientes, que se han dejado de lado líneas de investigación y que, pese a evidencias, no se ha judicializado a funcionarios señalados.
La principal alerta del colectivo es procesal: advirtió un “riesgo real” de que personas detenidas por este asunto puedan recuperar su libertad debido a irregularidades en la investigación, entre ellas la presunta filtración de información desde la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el crimen organizado.
En su mensaje, también denunció que en reiteradas ocasiones se les ha negado el acceso a la carpeta de investigación y que el expediente habría quedado prácticamente congelado tras la salida de una exfuncionaria de la fiscalía especializada en desaparición, según su versión.
Guerreros Buscadores aseguró que guardó silencio durante meses para no “entorpecer” diligencias y porque confiaba en las instituciones, pero afirmó que lo que encontró fue “abandono, omisiones y mentiras”.
En el mismo documento reportó que testigos clave con información “sumamente delicada” huyeron a Estados Unidos por temor, luego de sentirse ignorados por autoridades.
El pronunciamiento ocurre sobre un caso que, desde 2025, ha escalado a la agenda nacional. Tras el hallazgo del predio por buscadores y la presión pública, la FGR y autoridades federales han señalado fallas previas de resguardo e investigación en la etapa local.
En marzo de 2025, el fiscal Alejandro Gertz Manero sostuvo que el rancho quedó sin resguardo tras diligencias de 2024 y enumeró omisiones en el procesamiento del lugar.
En meses posteriores, la FGR informó avances y detenciones. En octubre de 2025 se reportó que había 19 implicados detenidos por el caso, incluidos servidores públicos municipales, de acuerdo con reportes de prensa sobre declaraciones oficiales.
Además, el caso ha tenido ramificaciones políticas: la FGR detuvo en 2025 al alcalde de Teuchitlán por su presunta vinculación con el rancho, según reconstrucciones periodísticas.
El colectivo pidió que el caso no se normalice ni se “sepulte” y planteó su pronunciamiento como un último llamado para que haya verdad y justicia.
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