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Fiscalía imputa al alcalde de Tequila por secuestro de candidatos de Morena y vínculos con el crimen

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, no solo enfrenta cargos por extorsión y delincuencia organizada, sino que presuntamente ordenó el secuestro de dos aspirantes de Morena en 2021 para forzarlos a renunciar y facilitar su llegada al poder.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila detenido la semana pasada, suma nuevas acusaciones graves: la privación ilegal de la libertad de dos precandidatos de Morena en 2021 con el fin de obligarlos a bajarse de la contienda por la alcaldía.

De acuerdo con el expediente, Rivera Navarro y al menos dos funcionarios de su administración participaron en el plagio de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes, tras ser retenidos por un grupo armado, presentaron su renuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

La FGR sostiene que esta maniobra buscaba allanar el camino para que el hoy alcalde pudiera consolidar su poder local con el apoyo de personas afines y con el respaldo, presuntamente, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades federales han documentado que Rivera habría ofrecido al grupo criminal 40 millones de pesos anuales a cambio de apoyo y protección.

Rivera Navarro fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales por presuntos delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado y extorsión. Un juez federal dictó prisión preventiva justificada, medida que también alcanza a dos de sus colaboradores señalados por su participación en los hechos.

El caso ha desatado repercusiones políticas: el partido Morena se ha deslindado públicamente del alcalde señalado, y el Gobierno federal ha refrendado que ningún actor político está exento de ser investigado si hay evidencias de conductas delictivas.

La detención y las nuevas imputaciones ocurren en un contexto de crecientes denuncias contra Rivera por presunta extorsión a empresarios locales y vínculos con el crimen organizado, lo que ha generado preocupación por la infiltración delictiva en la gestión pública de municipios estratégicos en Jalisco.

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