En sesión vespertina, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal para sancionar con prisión el acoso sexual y el acecho. El dictamen recibió 440 votos a favor de legisladoras y legisladores de los seis grupos parlamentarios y fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.
La reforma modifica la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto para quedar como “Acoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación”, y actualiza el artículo 259 Bis. Se impondrá de uno a tres años de prisión y hasta 600 días de multa a quien, con fines lascivos, acose o intimide de manera reiterada y por cualquier medio, causando daño o sufrimiento psicoemocional, afectación a la dignidad o alteraciones en la vida cotidiana de la víctima.
La pena aumentará hasta en una mitad cuando exista relación de subordinación laboral, docente o doméstica; cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, o cuando haya actos de vigilancia o seguimiento.
Además, si el responsable es servidor público y utiliza su cargo para cometer el delito, será destituido e inhabilitado hasta por un año. El delito se perseguirá a petición de parte.
En la misma sesión se modificó el Capítulo I del Título Decimoctavo para denominarse “Acecho, Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal” y se adicionó el artículo 281 Bis. Se castigará con dos a cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa a quien, de manera reiterada, sin consentimiento y sin autorización legítima, realice actos de vigilancia, seguimiento, acercamiento o contacto no deseados que generen daño psíquico o alteren la vida cotidiana de la víctima. La sanción también aumentará hasta en una mitad en casos de vulnerabilidad.
Al fundamentar la reforma, la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (PAN) sostuvo que, según datos del INEGI, más del 70 por ciento de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia y que el 90 por ciento de los delitos sexuales no se denuncian o no se investigan a fondo. Señaló que el acoso debe frenarse con la ley, “sin privilegios, sin pretextos y sin fuero”.
En otra votación unánime, con 431 sufragios, el Pleno avaló reformar el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar una educación de calidad e inclusiva, así como la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
El dictamen establece que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán asegurar la inclusión efectiva, en especial de niñas y niños con discapacidad.
La diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena), promovente, afirmó que la inclusión debe quedar claramente establecida como una obligación exigible y verificable, y que el ajuste legal evita contradicciones con la Ley General de Educación. Señaló que reconocer la diversidad implica transformar entornos escolares, materiales y prácticas para garantizar el desarrollo pleno de la niñez.
Ambos dictámenes fueron remitidos al Senado para su eventual ratificación.
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