A tres décadas de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, representantes indígenas y participantes en los diálogos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) señalaron que persisten omisiones legislativas, recortes presupuestales y una deuda histórica en materia de autonomía, territorio y representación política.
Durante el foro “Los Acuerdos de San Andrés, 30 años después: Pretensiones, avances, pendientes, exigencias”, impulsado por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), Carlos de Jesús Alejandro, representante indígena, recordó que el pasado 16 de febrero se cumplieron 30 años de la firma de los acuerdos, los cuales —afirmó— fueron traicionados al no aprobarse la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, conocida como Ley Cocopa.
Recordó que la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas permitió frenar el conflicto armado y abrir espacios institucionales; sin embargo, sostuvo que las condiciones estructurales no han cambiado. “Si la injusticia social para los pobres era grave en el 94, hoy en 2026 seguimos viviendo una situación también grave; la desigualdad, la inseguridad y la discriminación se han incrementado”, señaló.
En el plano legislativo, denunció la falta de expedición de la ley reglamentaria derivada de la reforma constitucional de septiembre de 2024, cuyo plazo venció en marzo de 2025. Precisó que al 17 de febrero se cumplió un año, cuatro meses y 17 días de retraso.
En materia presupuestal, advirtió que el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos ha sufrido recortes significativos en años recientes, lo que ha limitado la acción institucional en regiones indígenas. Además, alertó sobre el riesgo de que la eventual ley reglamentaria sea legitimada mediante una consulta que no cumpla con los estándares internacionales de consentimiento previo, libre e informado.
La socióloga Griselda Galicia subrayó que uno de los principales pendientes es el reconocimiento pleno de la identidad política de los pueblos indígenas y su participación efectiva en la toma de decisiones. Cuestionó que, si más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, no exista una representación proporcional en el Congreso federal.
Si bien reconoció la implementación de acciones afirmativas, advirtió que persisten prácticas de simulación. “Siguen siendo cuotas de partido y no representan los intereses de los pueblos indígenas”, afirmó. Sostuvo que sin acceso real al poder político no habrá transformaciones estructurales y que esa sigue siendo la gran deuda del Estado.
Desde la experiencia en los diálogos de San Andrés, Abelardo Torres Cortés recordó que los acuerdos implicaban una reforma profunda del marco constitucional. Temas como autonomía, tierra, territorio, representación política y género enfrentaron fuertes resistencias por parte de operadores del gobierno federal.
Aunque reconoció avances en la reforma constitucional de septiembre de 2024, consideró que resultan insuficientes frente a las demandas históricas de los pueblos indígenas.
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