La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió de la Red de Mujeres en Plural un paquete de propuestas para reforzar la paridad política y la igualdad sustantiva en el marco de una eventual reforma electoral.
En reunión realizada en las oficinas de la Mesa Directiva, la legisladora explicó que el Congreso está a la espera de la iniciativa que enviará la Presidencia de la República. Indicó que aún no se define si San Lázaro fungirá como Cámara de origen o revisora, aunque se prevé que el proyecto pueda recibirse en breve.
Advirtió que existe un plazo perentorio para su aprobación, pues la Constitución establece 90 días previos al inicio del proceso electoral para realizar cambios en la materia. Bajo esa lógica, señaló que la ruta legislativa tendría que resolverse en el segundo periodo ordinario de sesiones.
López Rabadán destacó el papel del colectivo Mujeres en Plural en la apertura de espacios de decisión para las mujeres. Recordó que la reforma constitucional de 2019 en materia de paridad permitió que 50 por ciento de los cargos en los tres órdenes de gobierno fueran ocupados por mujeres, aunque reconoció pendientes, como la regulación de la paridad en gubernaturas y la aplicación efectiva de sanciones.
Subrayó que, pese a los avances, no existe una discusión pública amplia sobre los derechos políticos de las mujeres dentro de la agenda prioritaria de la reforma, que incluye temas como crimen organizado, voto migrante, financiamiento partidista y representación proporcional.
Se comprometió a remitir el documento entregado por la Red a las comisiones dictaminadoras una vez que la iniciativa presidencial sea turnada, así como a distribuirlo entre todos los grupos parlamentarios. Consideró que el proceso debe ser abierto, público y transparente, con análisis de documentos y participación de voces especializadas.
Propuestas para evitar retrocesos
Teresa Hevia Rocha explicó que el documento sistematiza avances históricos en derechos políticos de las mujeres y propone blindarlos ante posibles modificaciones constitucionales o legales.
Entre las medidas planteadas se encuentra incorporar a la ley acciones afirmativas que hoy operan mediante acuerdos administrativos, como la paridad en gubernaturas, la asignación equitativa en distritos competitivos, la integración paritaria y el fortalecimiento del financiamiento para el liderazgo político femenino.
También proponen establecer sanciones por incumplimiento de la paridad en gabinetes, garantizar la permanencia de la representación proporcional, robustecer las medidas contra la violencia política de género y crear una base estadística nacional sobre este tipo de agresiones.
María del Carmen Alanís sostuvo que cualquier reforma político-electoral debe incluir un apartado específico sobre igualdad sustantiva para otorgar mayor certeza jurídica. Martha Tagle Martínez subrayó que el colectivo está integrado por mujeres de distintos partidos, académicas, periodistas y exfuncionarias unidas en la defensa de los derechos políticos.
Muriel Salinas Díaz alertó que 86.7 por ciento de las quejas por violencia política de género no supera la etapa de investigación, por lo que planteó revisar la actuación de los organismos públicos locales electorales y del INE para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Paz López enfatizó que no debe haber retrocesos y que la igualdad requiere voluntad política respaldada por recursos suficientes. Alejandra Rojas afirmó que las propuestas no constituyen privilegios, sino mecanismos para asegurar que derechos ya reconocidos en la ley se cumplan en la práctica.
El colectivo pidió que, en caso de realizarse un parlamento abierto sobre la reforma, se incorpore de manera explícita la agenda de igualdad de género.
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