Los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados expresaron su respaldo a la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, aunque plantearon reservas y ajustes al dictamen en discusión.
El diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que su bancada en San Lázaro y en el Senado ha votado a favor de la propuesta al considerarla un avance en derechos laborales.
“El PAN va a favor porque representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas, en el derecho del reconocimiento de las y los trabajadores”, sostuvo en conferencia de prensa, tras la reunión de la Junta de Coordinación Política.
No obstante, señaló que la mayoría legislativa “no ha sido lo suficientemente honesta con la gente” durante el debate, al recordar que en meses anteriores se hablaba de establecer dos días de descanso, lo cual no está contemplado en la redacción actual.
El legislador panista consideró que la reducción de la jornada es viable si se acompaña de un plan de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a fin de evitar afectaciones en el empleo.
“Nosotros consideramos que sí es posible hacerlo, además generando un plan de apoyo a las Mipymes, que tampoco se considera; creemos que ese es el estado ideal. Esto haría mucho más sensible esta reforma constitucional, porque también tenemos que cuidar la fuente del empleo de calidad de las y los mexicanos”, indicó.
Advirtió que el gobierno no puede trasladar toda la carga al sector privado. “La iniciativa privada se la trague toda. El gobierno también tiene que apechugar, tiene que hacer un plan para que no se pierda ningún empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas”, expresó.
Lixa Abimerhi añadió que su bancada insistirá en que el aguinaldo quede reconocido en la Constitución y sea libre de impuestos. “Vamos por un aguinaldo constitucional y libre de impuestos”, dijo.
Por su parte, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, manifestó el respaldo de su fracción a las 40 horas semanales, pero con la condición de que se establezca explícitamente el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso.
“Nosotros estamos a favor de las 40 horas semanales, pero con una diferencia, que es el hecho de que sean cinco días de trabajo por dos de descanso. Esa es la diferencia, y eso es lo que nosotros plantearemos durante toda la jornada”, declaró.
Reconoció que no cuentan con los votos suficientes para modificar el dictamen, aunque insistirán en la tribuna en que lo ideal sería aprobar primero la propuesta de cinco días laborales por dos de descanso.
Reforma electoral y seguridad
En otro tema, Lixa Abimerhi cuestionó la conducción del diálogo sobre una eventual reforma electoral, al señalar que las fuerzas distintas al oficialismo no han sido convocadas a mesas de trabajo.
“Hablan de mesas de diálogo y, hasta el momento, ninguna fuerza política distinta al oficialismo conoce o ha formado parte de los mismos”, afirmó.
En materia de seguridad, el coordinador panista reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas en el operativo del pasado domingo contra un líder del crimen organizado, y expresó solidaridad con las familias de los elementos fallecidos.
“Reconocemos la actuación de las Fuerzas Armadas y su valentía en el operativo para enfrentar al líder criminal más peligroso”, señaló.
Sin embargo, consideró que faltó prevención en diversas entidades y mayor información a la población. “No basta con decir que todo está bien”, apuntó, al referir reportes de bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos del país.
El legislador insistió en la necesidad de una estrategia integral que combata tanto a las estructuras visibles del crimen como a las infiltradas en gobiernos locales y estatales.
“Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, subrayó.
Finalmente, reiteró que su bancada promoverá sanciones a la narcopolítica, la nulidad de elecciones cuando intervenga el crimen organizado y la cancelación del registro a partidos que se financien con recursos ilícitos.
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