En el marco del “Foro Legislativo: Políticas para el Hábitat; Congreso de la Unión, México-CIHALC 2026”, legisladores federales, autoridades estatales y especialistas coincidieron en la necesidad de consolidar un modelo de desarrollo urbano enfocado en el bienestar social, la vivienda adecuada y la movilidad como derechos humanos.
Durante su participación, el diputado Gilberto Herrera Solórzano (Morena) destacó el caso de Tijuana, uno de los municipios con mayor déficit de vivienda en el país, como ejemplo de los retos estructurales en materia habitacional. Señaló que el nuevo enfoque de política pública prioriza el acceso a viviendas de al menos 60 metros cuadrados, con servicios básicos garantizados, dirigidas a personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos.
Resaltó que el programa nacional anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, bajo un modelo que concibe la vivienda como un derecho humano y no como mercancía.
Herrera Solórzano explicó que instituciones como el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda y el FOVISSSTE asumirán la rectoría del desarrollo habitacional, con prioridad en zonas de mayor rezago, además de impulsar procesos de regularización, reestructuración de créditos y recuperación de viviendas abandonadas.
En materia de movilidad, la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara (Morena), secretaria de la Comisión de Movilidad, destacó las reformas aprobadas para garantizar infraestructura accesible para personas con discapacidad en nuevas construcciones públicas.
Asimismo, se destacó el programa “Mujeres al Volante”, impulsado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, orientado a la capacitación de mujeres en conducción de transporte público y pesado.
El titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, subrayó que la movilidad debe entenderse como un derecho vinculado a la salud, el medio ambiente y la calidad de vida. Señaló que la entidad impulsa la transición hacia sistemas de transporte masivo que reduzcan tiempos de traslado, costos familiares y emisiones contaminantes.
“Para el Gobierno del Estado de México es muy importante aprovechar estos espacios, porque representan una oportunidad para fortalecer la cooperación, también alinear las prioridades. Lo que tenemos que hacer es coordinar al máximo nuestros esfuerzos, de tal manera que logremos incidir, mejorar las condiciones de vida de la gente”, afirmó.
Como ejemplos, mencionó el Tren Insurgente y el Trolebús Chalco–Santa Marta, proyectos que buscan integrar el sistema metropolitano bajo criterios de sustentabilidad y justicia social.
En el ámbito económico, Juan Manuel López, coordinador del Corredor Económico de la Ciudad de México de la Secretaría de Economía, destacó el trabajo de campo para identificar empresas familiares, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), a fin de acercarlas a la dependencia y certificarlas con la marca “Hecho en México”.
Explicó que esta certificación fortalece la identidad productiva nacional, impulsa la proveeduría local y fomenta la sustitución de importaciones para robustecer al sector empresarial mexicano.
Añadió que los Polos de Desarrollo del Bienestar, presentes en 15 estados como Puebla, Tlaxcala y Estado de México, buscan detonar el progreso regional a partir de vocaciones productivas específicas, con enfoque de justicia territorial y fortalecimiento del tejido social.
Finalmente, el especialista chileno en políticas públicas Patricio Vallespín compartió experiencias comparadas sobre descentralización y gestión territorial, y subrayó la importancia de fortalecer capacidades locales y la coordinación entre órdenes de gobierno para construir ciudades más equitativas y sostenibles.
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