La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno concentra esfuerzos en frenar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, fenómeno que —dijo— explica una parte relevante de las desapariciones actuales en el país.
Al referirse al caso de Teuchitlán, donde autoridades localizaron un sitio utilizado para reclutar y adiestrar jóvenes, informó que el responsable fue detenido y confesó la mecánica de captación. “Se reclutaba a los jóvenes, la gran mayoría de ellos de manera voluntaria y otros de manera forzada”, declaró.
La mandataria señaló que, a partir de ese caso, se modificaron protocolos para reaccionar desde las primeras horas de una denuncia por desaparición. Ahora, explicó, es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento mismo en que se presenta la denuncia ante el Ministerio Público.
“Antes se registraba en una plataforma y no necesariamente se abría carpeta. Hoy la ley obliga a iniciar la investigación de inmediato”, sostuvo.
Además, indicó que se fortaleció el sistema de alertamiento nacional para que, al reportarse una desaparición, se notifique a autoridades municipales, estatales y federales, así como a aeropuertos, bancos y centrales de autobuses, con el objetivo de impedir traslados o incorporaciones forzadas a grupos criminales.
Vigilancia en entornos digitales
Sheinbaum advirtió que las redes de captación operan también en plataformas digitales y videojuegos, donde se contacta a jóvenes mediante engaños o falsas ofertas.
“Estamos bajando todas las plataformas digitales en donde encontramos reclutamiento”, afirmó, al señalar que existe una investigación amplia para identificar y desarticular estas estructuras.
Sostuvo que el fortalecimiento de las áreas de inteligencia busca no sólo localizar a personas desaparecidas, sino prevenir que adolescentes y jóvenes sean incorporados a actividades delictivas.
Diferencia con el pasado
La presidenta reiteró que las desapariciones actuales no responden a una política de Estado, como ocurrió —dijo— en las décadas de 1970 y 1980, cuando hubo desapariciones políticas ordenadas desde estructuras gubernamentales.
“Puede haber sido una fuerza del orden que ilegalmente haya desaparecido a una persona, pero no es una instrucción del Estado mexicano”, puntualizó.
Finalmente, reconoció que la crisis de desapariciones sigue siendo una situación dolorosa para miles de familias, pero aseguró que su administración trabaja en la atención a colectivos, en la búsqueda inmediata y en cerrar el paso a cualquier esquema de reclutamiento forzado de jóvenes.
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