La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación para determinar posibles irregularidades en la preservación de la escena relacionada con el operativo realizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde fue detenido y posteriormente falleció Rubén “N”, identificado como posible líder de un grupo delictivo.
En un posicionamiento dirigido a la opinión pública, la institución explicó que la captura se logró mediante un operativo de alta complejidad táctica, diseñado específicamente para detener al presunto dirigente de esa organización criminal.
La dependencia federal aseguró que todas las acciones se condujeron bajo los principios institucionales y dentro del marco legal. “La investigación y las acciones operativas realizadas por esta institución se conducen bajo los principios de honestidad, lealtad, profesionalismo, honradez, eficiencia y eficacia, así como con estricto apego a la legalidad”, indicó.
De acuerdo con la Fiscalía, el operativo derivó en enfrentamientos armados luego de que el detenido y presuntos integrantes del grupo criminal opusieran resistencia a la intervención de las autoridades.
“Durante el desarrollo del operativo se registraron enfrentamientos armados, derivado de la resistencia que opusieron el propio detenido y diversos integrantes de la organización criminal”, precisó la institución.
La FGR detalló que estos hechos se registraron en una zona abierta, despoblada y alejada del fraccionamiento donde presuntamente se ubicaban las cabañas relacionadas con el caso.
“Se registró dicho enfrentamiento en una zona en campo abierto, despoblada y alejada del sitio de referencia”, subrayó la dependencia.
Como resultado del enfrentamiento se reportó la pérdida de vidas humanas y Rubén “N” resultó herido, por lo que fue trasladado de manera inmediata a un hospital con el objetivo de salvaguardar su vida.
“Como resultado de estos hechos, lamentablemente se registró la pérdida de vidas humanas y el detenido resultó herido, por lo que fue prioritario su traslado inmediato a un hospital”, indicó la Fiscalía.
La institución explicó que, debido a la complejidad del operativo y al riesgo de una posible reacción del grupo delictivo, también fue necesario trasladar a los elementos de seguridad que participaron en la operación.
Esto permitió, según la autoridad, brindar seguridad a los detenidos y reforzar puntos estratégicos en la zona para evitar nuevas confrontaciones.
En este contexto, la Fiscalía señaló que el lugar donde presuntamente se encontraba el detenido —un conjunto de cabañas ubicadas dentro de un club en el municipio de Tapalpa— no reunía condiciones mínimas de seguridad para que el personal ministerial y pericial realizara diligencias inmediatas.
Por ello, explicó, el aseguramiento de los inmuebles no se efectuó en el momento del operativo.
“De igual manera, el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, señaló la institución.
Una vez que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles relacionados con el caso.
Sin embargo, antes de que se ejecutara esa diligencia, la Fiscalía tuvo conocimiento de que diversas personas ingresaron a las cabañas sin contar con autorización legal para hacerlo.
“Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles”, informó la dependencia.
Según la FGR, esta situación habría alterado las condiciones originales del lugar y contaminado la escena, lo que complica la verificación de los indicios que posteriormente se difundieron de manera pública.
“Diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena”, señaló la institución.
En ese sentido, la Fiscalía advirtió que no es posible determinar con certeza si los objetos que se han mencionado públicamente como hallados en el sitio realmente se encontraban ahí al momento de los hechos.
“Esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”, precisó.
La dependencia también indicó que existe incertidumbre sobre si dichos elementos fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría afectar la cadena de custodia.
“Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”, añadió.
Ante este escenario, la Fiscalía sostuvo que existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, por lo que esta circunstancia será analizada para determinar las acciones legales que correspondan.
Asimismo, informó que ya se inició una investigación interna para establecer si algún servidor público incurrió en irregularidades relacionadas con la falta de preservación del sitio.
“Esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse”, indicó.
Finalmente, la FGR reiteró que las investigaciones sobre este caso continúan en curso y aseguró que mantendrá informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.
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