Amnistía Internacional (AI) lanzó una crítica directa contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tras la cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a 113 organizaciones de la sociedad civil, al considerar que la medida afecta su operación y el acceso a recursos.
“Es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente”, señaló la organización en redes sociales, al referirse a la decisión del órgano fiscal mexicano.
La organización internacional advirtió que la cancelación no es un trámite administrativo menor, sino una acción que impacta de forma inmediata en actividades como la defensa de derechos humanos, el acompañamiento a víctimas, la atención a violencia de género y la protección de comunidades indígenas.
El SAT confirmó en días recientes la revocación de permisos a más de un centenar de organizaciones —y la baja definitiva de otras— bajo el argumento de que no cumplen con los requisitos legales para mantener el estatus de donatarias autorizadas.
Entre las afectadas se encuentran organismos relevantes en el análisis de políticas públicas y combate a la corrupción, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos Primero, que dependen en gran medida de financiamiento privado.
La autoridad fiscal ha justificado la medida en irregularidades como falta de acreditaciones vigentes, incumplimiento de obligaciones fiscales o cambios normativos derivados de la legislación en materia de ciencia y tecnología.
No obstante, el contexto ha generado cuestionamientos. Diversas voces han advertido que el endurecimiento de requisitos coincide con críticas previas del gobierno federal hacia organizaciones civiles, lo que ha abierto el debate sobre posibles motivaciones políticas.
Amnistía Internacional subrayó que las ONG ya enfrentan cargas administrativas excesivas y que esta decisión podría agravar su situación. “Más control a quien vigila, menos a quien gasta”, sostuvo la organización al cuestionar la falta de equilibrio en la rendición de cuentas.
Finalmente, AI alertó que debilitar a la sociedad civil tiene efectos estructurales: “cuando las ONG se debilitan, crecen la corrupción y los abusos”, por lo que llamó a establecer reglas claras que no limiten su funcionamiento.














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