Con el respaldo de su mayoría legislativa, Morena y el Verde, aprobaron en comisiones el denominado “Plan B” de la reforma electoral, que ahora se perfila para su discusión en el Pleno, en medio de acusaciones de inequidad en la contienda política.
El dictamen fue avalado sin modificaciones de fondo, con 24 votos a favor y 11 en contra, en una sesión marcada por el rechazo de los partidos de oposición, que advirtieron riesgos para la equidad electoral.
El punto más controvertido es la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias de 2027, lo que —según críticos— podría dar ventaja al partido en el poder al permitir la promoción del Ejecutivo durante el proceso.
Legisladores opositores señalaron que esta concurrencia alteraría las condiciones de competencia, al abrir la puerta a que la titular del Ejecutivo pueda difundir y promover el ejercicio de revocación, algo que actualmente está restringido.
Incluso dentro del bloque oficialista surgieron reservas. El Partido del Trabajo (PT) ha advertido que empatar ambos procesos podría generar inequidad, al coincidir con una elección de gran escala que renovará cargos federales y locales en todo el país, pero no asistió a la reunión.
A pesar de estos señalamientos, Morena defendió que la medida busca incentivar la participación ciudadana y optimizar recursos electorales, al concentrar procesos en una misma jornada.
El avance del dictamen ocurre en un contexto de tensiones entre aliados y cuestionamientos técnicos, ya que el proyecto ha enfrentado retrasos por desacuerdos internos y revisiones legislativas.
Con su aprobación en comisiones, el “Plan B” entra en la fase decisiva de discusión en el Pleno, donde se anticipa un debate polarizado sobre sus implicaciones para el sistema electoral mexicano.
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