La diputada Eva María Vásquez Hernández, del PAN, presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar el acceso efectivo a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, al considerar que este derecho no debe depender de procesos judiciales prolongados.
“La alimentación no se litiga, se garantiza”, afirmó al señalar que el sistema actual obliga a la niñez a esperar resoluciones judiciales para acceder a lo básico. Sostuvo que el modelo de justicia en materia de alimentos presenta una falla estructural, al tratar estos casos como conflictos entre adultos, sin priorizar el interés superior de la infancia.
Durante el foro “Hablemos de las niñas, niños y adolescentes: inversión de la carga de la prueba en materia de alimentos”, la legisladora subrayó que actualmente quienes cuidan a los menores deben comprobar ingresos que muchas veces no pueden acreditar, mientras que quienes tienen la capacidad económica pueden evadir su responsabilidad.
Ante ello, la propuesta plantea trasladar la carga de la prueba a quien cuenta con los recursos, con el fin de corregir una desigualdad estructural. “La justicia no puede depender de quién tiene más habilidad para esconder información, sino de quién necesita mayor protección”, enfatizó.
La iniciativa busca elevar este principio a rango constitucional para homologar criterios en todo el país, evitar interpretaciones discrecionales y garantizar un enfoque de niñez desde el inicio de los procesos judiciales.
Vásquez Hernández indicó que la propuesta es resultado del diálogo con especialistas, organizaciones civiles y familias afectadas, y no una medida improvisada. “Si el problema es estructural, la solución debe ser estructural”, sostuvo.
Por su parte, Daniel Castañeda Hernández, de GD Asociados y la Fundación GDFAR, estimó que la reforma podría beneficiar en la próxima década a entre 5 y 7 millones de menores al garantizar su alimentación.
En tanto, Sandra Espinoza Rizo, de Early Institute, destacó que en México hay cerca de 12 millones de niñas y niños en primera infancia, etapa en la que el derecho al cuidado —que incluye alimentación, salud, educación y vestido— resulta fundamental y debe ser garantizado por el Estado.
A su vez, Víctor Hugo Rodas Valderrama, consultor en derechos de la infancia, recordó que México está obligado, tras suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, a asegurar un nivel de vida adecuado para el desarrollo integral de la niñez, lo que refuerza la necesidad de incorporar este principio en el artículo 4º constitucional.
La legisladora reiteró que la reforma no vulnera el debido proceso, sino que representa una evolución del sistema de justicia para colocar a niñas y niños en el centro de las decisiones y garantizar su derecho a una vida digna.
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