La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el marco de investigaciones federales que involucran a funcionarios de ambas entidades.
Tras recibir la notificación este sábado en Palacio de Gobierno, Campos acusó que existe una ofensiva política en su contra y confirmó que acudirá el próximo 27 de mayo ante la autoridad federal.
“La persecución política en mi contra continúa”, afirmó la mandataria panista en un mensaje difundido en redes sociales.
De acuerdo con el Gobierno de Chihuahua, el citatorio está relacionado con una carpeta de investigación sobre el caso de los agentes estadounidenses fallecidos en abril pasado durante un operativo contra laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara.
La administración estatal calificó el requerimiento como un hecho “sin precedentes” y sostuvo que la actuación de la FGR “es violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua”, al argumentar que una gobernadora en funciones cuenta con protección constitucional frente a procedimientos penales.
La comparecencia de Campos fue programada para el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.
También está citado Rocha Moya
En paralelo, Rocha Moya reapareció públicamente luego de más de 20 días alejado de actividades oficiales para confirmar que también acudirá a declarar ante la FGR, tras ser citado por las investigaciones derivadas de señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
“A atenderé el requerimiento ministerial con la frente en alto”, expresó el mandatario morenista, quien además aseguró que “no tiene nada que temer” y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.
La FGR informó que además de Rocha Moya fueron citados nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El caso en Sinaloa escaló luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara presuntos vínculos entre actores políticos sinaloenses y el crimen organizado, acusaciones que Rocha Moya ha negado reiteradamente.
SEGOB genera polémica
Ante la polémica, la Secretaría de Gobernación rechazó que exista un trasfondo partidista en las actuaciones ministeriales y aseguró que las comparecencias forman parte de procedimientos ordinarios de investigación.
“La Secretaría de Gobernación aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia en un posicionamiento oficial.
La Segob añadió que la FGR “es un órgano constitucional autónomo” y sostuvo que sus actuaciones “se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político”.
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