El suicidio en México se ha consolidado como un problema de salud pública que exige atención urgente, coincidieron legisladores y especialistas durante el Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios.
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) señaló que esta conducta responde a múltiples factores, entre ellos crisis personales, estrés laboral o familiar, enfermedades físicas y trastornos como depresión, ansiedad y consumo de alcohol u otras sustancias.
“El suicidio es un fenómeno complejo que implica reconocer la profunda desesperación que atraviesan muchas personas”, afirmó.
Indicó que, además de las causas individuales, influyen factores estructurales como la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, los desastres naturales y el cambio climático, los cuales afectan el bienestar emocional.
Datos internacionales advierten la magnitud del problema: cada año 727 mil personas mueren por suicidio en el mundo, mientras que en 2021 fue la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
En México, la situación también es alarmante. Según cifras del Inegi, en 2024 se registraron más de 8 mil 556 suicidios, con impacto tanto en jóvenes como en adultos de entre 30 y 44 años.
Ante este panorama, la legisladora subrayó la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, impulsar la educación emocional desde edades tempranas y combatir el estigma en torno a la salud mental.
Por su parte, la doctora Eufrosina Castillo Arroyo, de la Coalición Nacional en Prevención del Suicidio, alertó sobre el incremento de casos en niñas, niños, jóvenes y grupos vulnerables, y destacó que factores como la migración, la discriminación y el aislamiento agravan el problema.
Planteó la creación de una ley que establezca un sistema nacional de prevención, con enfoque integral, intersectorial y basado en derechos humanos, que permita articular esfuerzos hoy dispersos.
La propuesta incluye redes comunitarias de apoyo, programas escolares de bienestar emocional, líneas de atención accesibles y un observatorio nacional para el registro y seguimiento de casos.
En tanto, José Joaquín Ceballos, de la Coalición Internacional en Prevención del Suicidio, sostuvo que legislar en esta materia permitirá elevar la salud mental a prioridad nacional, garantizar servicios de calidad y evitar la fragmentación de políticas públicas.
Los participantes coincidieron en que prevenir el suicidio requiere acciones coordinadas, enfoque comunitario y una respuesta inmediata del Estado para contener una problemática que sigue en aumento.
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