El Gobierno federal y empresarios del sector gasolinero acordaron establecer en 28 pesos por litro el precio máximo de venta al público del diésel, como parte de una estrategia para contener el impacto del encarecimiento internacional de los energéticos y evitar mayores presiones sobre la inflación en México.
La medida fue confirmada por autoridades federales mediante un comunicado conjunto en el que participaron dependencias como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y otras instancias del gabinete económico. El acuerdo da continuidad a los mecanismos aplicados previamente para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro en la mayoría de las estaciones del país.
El ajuste sobre el diésel ocurre en un contexto de volatilidad global provocado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, factor que elevó los precios del petróleo y de combustibles refinados durante las últimas semanas. Ante ese escenario, el Ejecutivo federal abrió negociaciones con distribuidores para evitar que el aumento internacional se trasladara de forma inmediata al consumidor final.
El diésel es considerado un insumo estratégico para la economía nacional debido a que mueve buena parte del transporte de carga y de pasajeros, además de ser esencial en actividades agrícolas, industriales y de construcción. Especialistas advierten que cualquier incremento en su costo repercute en cadenas logísticas y termina reflejándose en el precio de alimentos, mercancías y servicios.
Como parte del paquete de contención, la Secretaría de Hacienda mantuvo estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque con reducciones respecto de semanas previas. El apoyo busca amortiguar el costo final al consumidor y dar margen para sostener el precio pactado.
No obstante, el acuerdo enfrenta retos operativos. Reportes del sector señalan márgenes de ganancia reducidos para algunas estaciones, mayores costos de distribución en zonas alejadas y problemas puntuales de suministro en ciertas terminales. En regiones rurales, empresarios advierten que vender por debajo de determinados niveles puede volver incosteable la operación.
La administración federal sostuvo que el esquema será de participación voluntaria y se aplicará considerando las condiciones de cada estación de servicio. Paralelamente, autoridades como la Profeco reforzarán la supervisión para detectar establecimientos que vendan por encima de los precios de referencia.
Con este nuevo pacto, el Gobierno apuesta a blindar uno de los precios más sensibles de la economía mexicana en medio de un entorno externo incierto, mientras busca evitar un repunte inflacionario que afecte el poder adquisitivo de hogares y empresas.
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