La balacera registrada en la Zona Arqueológica de Teotihuacán abrió un nuevo frente de conflicto entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y su base trabajadora, luego de que integrantes del sindicato acusaron recortes presupuestales y omisiones operativas en uno de los sitios turísticos más importantes del país.
El Sindicato Nacional de Restauradores del INAH aseguró que el ataque, ocurrido el pasado 20 de abril, no puede verse como un hecho aislado, sino como consecuencia de una política de austeridad que —afirmó— ha debilitado las capacidades de vigilancia, mantenimiento y conservación en recintos históricos y arqueológicos.
Entre las principales quejas señalaron falta de personal de resguardo, equipos de inspección insuficientes, carencias materiales en áreas técnicas y retrasos en compromisos laborales. A su juicio, la precarización institucional terminó por impactar la seguridad de visitantes y trabajadores.
La respuesta del INAH llegó horas después. En una tarjeta informativa, el organismo negó que exista una reducción de recursos para Teotihuacán y sostuvo que, por el contrario, el presupuesto destinado a servicios de vigilancia aumentó este año. Según cifras oficiales, la partida pasó de 188.7 millones de pesos a 296.7 millones tras una ampliación presupuestal.
Además, informó que se asignaron 30 millones de pesos adicionales para obras de infraestructura y control de accesos en Teotihuacán, incluyendo arcos de seguridad y mejoras en atención al público. También indicó que se reforzó la coordinación con fuerzas federales y autoridades estatales.
El diferendo exhibe la distancia entre el discurso oficial y las condiciones denunciadas por trabajadores de campo. Mientras la administración federal presume mayor inversión, el personal sindicalizado sostiene que los problemas estructurales persisten y que la violencia reciente dejó en evidencia la fragilidad operativa del sitio.
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