El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó la noche del viernes una solicitud de licencia temporal para separarse de su cargo. La decisión se oficializó ante el Congreso del Estado en respuesta a las investigaciones iniciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra.
La vacante ejecutiva activa de inmediato el protocolo de sucesión estatal, perfilando a la actual secretaria de gobierno, Yeraldine Bonilla, como gobernadora provisional. Este movimiento administrativo requiere la ratificación por mayoría simple del poder legislativo local en las próximas horas para formalizar el interinato.
De manera paralela, la estructura gubernamental a nivel municipal registró una baja operativa simultánea. Juan de Dios Gámez, presidente municipal de Culiacán, también solicitó licencia temporal de sus funciones, al enfrentar señalamientos vinculados a la misma investigación internacional que involucra al ejecutivo estatal.
Ante las renuncias escalonadas, el aparato gubernamental activó los protocolos de continuidad operativa. Los 18 municipios y las dependencias estatales mantienen la ejecución de programas sociales, recaudación y prestación de servicios públicos esenciales sin interrupciones reportadas en las primeras 24 horas tras el anuncio oficial.
La salida de Rocha Moya y Gámez impacta la administración directa de un estado con más de 3 millones de habitantes, cuya capital concentra el núcleo logístico y operativo de una de las regiones agrícolas y económicas más productivas del noroeste mexicano.
En el ámbito jurídico, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió formalmente el expediente para procesar la evidencia entregada por las autoridades estadounidenses. Este proceso técnico y legal determinará la viabilidad de una orden de aprehensión federal o el inicio de un eventual juicio de extradición.
Apenas horas antes de presentar el documento de separación de poderes, el mandatario había descartado públicamente dimitir de sus funciones. La rectificación repentina evidencia la aceleración de los plazos judiciales en las cortes extranjeras que monitorean y dirigen el caso.
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