El diputado Gerardo Olivares Mejía (PT) impulsa una reforma para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueva la organización de los jornaleros agrícolas indígenas migrantes y garantice su protección laboral y de seguridad social, con el fin de evitar que sean víctimas de explotación.
La iniciativa, que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, plantea que la dependencia realice acciones específicas de prevención, supervisión y protección, en concordancia con la legislación en materia de trata de personas.
El proyecto, turnado a la Comisión de Gobernación y Población, subraya que la situación de este sector es prioritaria debido a las condiciones adversas en las que laboran, caracterizadas por largas jornadas, bajos salarios y falta de acceso a seguridad social.
De acuerdo con la exposición de motivos, en México cerca de tres millones de personas trabajan como jornaleros agrícolas, muchos de ellos en contextos de alta precariedad. Esta problemática se agrava por la migración constante de familias completas, lo que limita su acceso a servicios básicos como salud y educación, así como a programas sociales.
Olivares Mejía destacó que una parte importante de estos trabajadores es de origen indígena y proviene de regiones con altos niveles de pobreza, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a prácticas abusivas.
Advirtió que, en algunos casos, las condiciones laborales pueden configurarse como explotación e incluso acercarse a esquemas de trata de personas, por lo que consideró necesario fortalecer la intervención del Estado para garantizar condiciones dignas en el sector agrícola.
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