La crisis política en Sinaloa trasciende el ámbito local y reconfigura el tablero del poder estatal. Luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal para enfrentar una investigación, distintos perfiles comienzan a posicionarse como posibles sustitutos en el Ejecutivo estatal.
La decisión del mandatario ocurre en medio de señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ante ello, Rocha Moya optó por separarse del cargo para permitir que la Fiscalía General de la República lleve a cabo indagatorias, las cuales —según autoridades mexicanas— carecen aún de pruebas concluyentes.
En este contexto, la figura que se perfila con mayor claridad para asumir la gubernatura de manera interina es Yeraldine Bonilla Valverde, actual secretaria de Gobierno y considerada la segunda al mando dentro de la administración estatal. Su cercanía política con Rocha Moya y su posición institucional la colocan como la opción natural para garantizar continuidad administrativa.
No obstante, en el entorno político también ha comenzado a mencionarse a Julio Berdegué, funcionario federal con trayectoria en el gabinete y vínculos con el proyecto político de Morena, como un posible perfil alternativo para encabezar el interinato, lo que abre la posibilidad de una decisión con implicaciones más amplias dentro del movimiento.
El relevo ocurre en un momento particularmente delicado. La acusación estadounidense no solo impacta al gobernador, sino que involucra a otros funcionarios estatales y ha tensado la relación bilateral, al tiempo que el gobierno federal ha cuestionado el sustento de las imputaciones.
La determinación final recaerá en el Congreso de Sinaloa, que deberá resolver la solicitud de licencia y definir el mecanismo de sustitución. Mientras tanto, el escenario evidencia una pugna política interna en Morena y la necesidad de contener una crisis que amenaza con escalar más allá del ámbito estatal.
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