El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en la entidad y no existen indicios de amenazas en su contra, de acuerdo con reportes de inteligencia del gobierno federal.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que, aunque no se han detectado riesgos específicos, se determinó asignarle un cuerpo de seguridad adicional como medida preventiva mientras se desarrolla su situación jurídica.
Harfuch puntualizó que este esquema de protección no responde a una amenaza concreta, sino a un análisis del contexto actual, marcado por la investigación que enfrenta el mandatario estatal tras señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En ese sentido, el gabinete de seguridad federal reiteró que no tenía conocimiento previo de indicios que relacionaran a Rocha Moya con grupos criminales y subrayó que no existe evidencia de un posible atentado en su contra.
El funcionario también confirmó que el gobernador con licencia se mantiene en Sinaloa y no ha salido del país, mientras continúan las indagatorias tanto en México como en Estados Unidos.
El caso de Rocha Moya se originó luego de que el Departamento de Justicia estadounidense lo acusara, junto con otros funcionarios, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas hacia ese país.
Tras estos señalamientos, el mandatario solicitó licencia temporal al cargo para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República, al tiempo que ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con el crimen organizado.
En paralelo, el gobierno federal ha mantenido presencia operativa en la entidad y coordinación con autoridades locales, en un intento por garantizar la estabilidad en una región históricamente afectada por la violencia ligada al narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la solidez de las acusaciones provenientes de Estados Unidos, al señalar que no se han presentado pruebas suficientes que justifiquen medidas como una eventual detención o extradición.
En este contexto, Harfuch insistió en que la prioridad es mantener las condiciones de seguridad en Sinaloa y asegurar que las investigaciones se lleven a cabo sin interferencias, mientras el caso continúa generando repercusiones políticas tanto a nivel nacional como internacional.
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