El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acumula ya casi tres semanas fuera de la vida pública luego de que fiscales federales de Estados Unidos lo acusaran formalmente ante una Corte del Distrito Sur de Nueva York de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Desde que el Departamento de Justicia estadounidense reveló la acusación el pasado 29 de abril, Rocha Moya ha reducido prácticamente al mínimo sus apariciones públicas y se mantiene bajo un fuerte dispositivo de seguridad federal, en medio de una creciente presión política y diplomática.
La acusación sostiene que Rocha Moya habría recibido apoyo de Los Chapitos para ganar la elección de 2021 en Sinaloa, a cambio de permitir la operación del grupo criminal dentro de estructuras gubernamentales y de seguridad pública. Según el expediente, el mandatario sostuvo reuniones con integrantes de la organización criminal antes y después de asumir el cargo.
El caso forma parte del expediente federal “Estados Unidos contra Guzmán Salazar”, derivado de investigaciones contra la estructura criminal encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Además de Rocha Moya, la acusación incluye a exfuncionarios estatales, mandos policiacos y operadores financieros vinculados al gobierno sinaloense.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado romper con el mandatario morenista y ha exigido a Washington presentar pruebas contundentes antes de proceder con cualquier solicitud de extradición. Al mismo tiempo, el Gobierno federal ha reforzado operativos militares y de seguridad en Sinaloa ante el impacto político y criminal del caso.
La oposición, encabezada por el PAN y el PRI, presentó solicitudes de juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa, además de acusar al Gobierno federal de proteger políticamente a Rocha Moya.
En paralelo, instituciones financieras mexicanas activaron protocolos antilavado ante el riesgo de sanciones derivadas del expediente estadounidense, que también involucra presuntos flujos de dinero del narcotráfico hacia campañas políticas y operaciones empresariales en Sinaloa.
El caso representa uno de los golpes más severos en décadas contra un gobernador mexicano en funciones, y ha llevado la relación bilateral entre México y Estados Unidos a uno de sus momentos más delicados en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
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