La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció que el Gobierno federal presentará en los próximos días una reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local, además de modificar el modelo de selección y votación de jueces y magistrados.
Durante la presentación de la propuesta, Alcalde explicó que la Consejería Jurídica realizó un análisis respecto a la pertinencia de modificar la elección que estaba prevista para 2027 y trasladarla al domingo 4 de junio de 2028.
“La reforma consistiría primero que nada en cambiar la fecha de la elección”, señaló la funcionaria al detallar que los procesos posteriores seguirán siendo concurrentes con las elecciones ordinarias de 2030, 2033 y 2036.
La iniciativa contempla la renovación de cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, además de 424 magistrados y 2 mil 831 jueces locales en 25 entidades federativas.
Entre los principales cambios destaca la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión, con el objetivo de homologar criterios y metodologías de selección.
“Lo que estamos proponiendo es que estos tres coordinadores puedan establecer una comisión coordinadora, de manera tal que pueda verificar cumplimiento de requisitos formales”, explicó Alcalde. Añadió que también se busca unificar los mecanismos de evaluación e incluir “examen de conocimientos”.
La propuesta también reduce el número de candidaturas por poder para facilitar la votación ciudadana. Alcalde indicó que, tras la evaluación y una insaculación pública, únicamente quedarían dos candidaturas por cargo y especialidad.
“No tengamos un número tan elevado de candidatas y candidatos y sea más fácil para la ciudadanía poder conocerlos a todos”, afirmó.
Otro de los cambios relevantes es la simplificación de las boletas electorales. Según explicó, cada ciudadano votaría únicamente por un juez y un magistrado por especialidad dentro de su distrito judicial.
“Nos gustaría tener mayor claridad sobre quiénes son las propuestas y cómo votar”, sostuvo la consejera jurídica.
La reforma también plantea capacitación obligatoria y permanente para jueces y magistrados, así como reglas más estrictas para homologar las elecciones judiciales estatales con el modelo federal.
Además, se propone que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, aunque con garantías para impedir la intervención de partidos políticos en el proceso judicial.
“El escrutinio y cómputo de votos deberá hacerse en la misma casilla, no como ocurrió en la elección”, dijo Alcalde.
La iniciativa contempla también adelantar de septiembre a abril el plazo para que el Senado emita la convocatoria general de la elección judicial, con el argumento de dar más tiempo a la evaluación de aspirantes.
Finalmente, la funcionaria señaló que la elección judicial de 2028 podría realizarse de manera concurrente con un eventual proceso de revocación de mandato, “en caso de que fuera solicitada conforme al artículo 35 constitucional”.
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