A más de cuatro años del asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, una jueza federal sentenció a dos elementos de la Guardia Nacional a penas de 54 y 33 años de prisión por el ataque armado ocurrido en abril de 2022 en Irapuato, Guanajuato.
La jueza Verónica Viridiana Sandoval Hurtado resolvió imponer una condena de 54 años, tres meses y dos días de cárcel a Jesús Ángel “N”, al encontrarlo culpable de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y daños. En tanto, Iván “N” fue sentenciado a 33 años y dos días de prisión por homicidio en grado de tentativa y daños.
Durante la audiencia, la juzgadora sostuvo que ambos agentes incumplieron su deber como servidores públicos encargados de proteger a la ciudadanía y consideró agravante que las víctimas fueran estudiantes que no cometían delito alguno al momento de la agresión.
Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2022, cuando Ángel Yael y otros tres estudiantes de Agronomía de la Universidad de Guanajuato viajaban en una camioneta Ford EcoSport en la comunidad de El Copal, en Irapuato. De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el vehículo sin que existiera una amenaza real. Ángel Yael murió por un impacto de bala en la cabeza y otra estudiante resultó gravemente herida.
Peritajes de la Fiscalía General de la República confirmaron que la bala que mató al estudiante salió del arma asignada a uno de los agentes sentenciados. Además, testimonios de otros integrantes de la Guardia Nacional coincidieron en que no hubo justificación para abrir fuego contra los jóvenes.
La sentencia también obliga a los responsables a ofrecer una disculpa pública y contempla medidas de reparación integral del daño para las víctimas y sus familias, incluyendo atención médica y psicológica. Asimismo, la Guardia Nacional tendrá responsabilidad solidaria en las indemnizaciones.
El caso se convirtió en uno de los procesos más emblemáticos por uso excesivo de la fuerza militarizada en Guanajuato y estuvo marcado por retrasos judiciales y diversos recursos legales promovidos por las defensas de los acusados.
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