El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca cerrar los espacios de impunidad en internet mediante una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que endurece la responsabilidad de las plataformas digitales y proveedores de servicios de internet que incumplan con las obligaciones para retirar contenidos que violen derechos de autor.
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo federal y turnada por la Comisión Permanente a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, plantea fortalecer el régimen conocido como “puerto seguro”, figura jurídica que actualmente protege a los intermediarios digitales de ser considerados responsables por los contenidos publicados por sus usuarios, siempre que actúen conforme a la ley.
Como parte de la propuesta, se incorpora el artículo 232 Septies para establecer que los proveedores de servicios de internet que no cumplan con los requisitos exigidos por el régimen de “puerto seguro” podrán recibir las mismas sanciones que el infractor directo, aunque la autoridad tendrá facultades para graduar la penalidad según la gravedad de la conducta y el nivel de participación.
El Ejecutivo argumenta que la medida busca incentivar prácticas responsables en el entorno digital y fortalecer la colaboración de las plataformas en la protección de los derechos de autor y derechos conexos.
“La propuesta permite fortalecer el régimen de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet y contribuye a garantizar una protección más efectiva de los derechos de autor en el entorno digital”, señala la exposición de motivos.
La iniciativa explica que el régimen de “puerto seguro” fue diseñado para limitar la responsabilidad de los intermediarios digitales por actividades realizadas por terceros en sus plataformas, siempre que atiendan oportunamente las solicitudes de retiro de contenido infractor y adopten medidas contra usuarios reincidentes.
Bajo este esquema, las empresas tecnológicas no son responsables automáticamente por el material publicado por sus usuarios, debido a que resulta materialmente imposible supervisar de manera previa el enorme volumen de información que circula diariamente en internet.
Sin embargo, el gobierno federal sostiene que es necesario reforzar las obligaciones de colaboración para evitar vacíos legales que permitan la permanencia de contenidos ilícitos en línea.
La propuesta también destaca que el modelo de “puerto seguro” debe mantener un equilibrio entre la innovación tecnológica, la libertad de expresión y el acceso a servicios digitales, sin descuidar la protección de la propiedad intelectual, la privacidad y la seguridad de las personas.
Según el documento, los mecanismos de aviso y retirada de contenido han demostrado ser herramientas eficaces para combatir infracciones masivas en internet, por lo que fortalecer su cumplimiento permitirá consolidar un entorno digital más seguro y con mayores garantías para los titulares de derechos.
De ser aprobada por el Congreso, la reforma representaría uno de los ajustes más relevantes en materia de responsabilidad de plataformas digitales desde la incorporación del régimen de “puerto seguro” en la legislación mexicana, elevando las consecuencias para aquellas empresas que no colaboren en la eliminación de contenidos infractores.
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