Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en un caso que profundiza las investigaciones sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.
El edil fue detenido el pasado sábado durante un operativo coordinado por fuerzas federales, luego de permanecer prófugo varios días. Las autoridades lo señalan como parte de una red que presuntamente brindaba protección y facilidades a integrantes del grupo criminal a cambio de beneficios ilícitos.
De acuerdo con las investigaciones federales, la captura deriva de una carpeta relacionada con actividades de extorsión contra comerciantes, transportistas y familias en la región oriente de Morelos. Las indagatorias apuntan a que funcionarios municipales habrían colaborado con estructuras criminales que operaban bajo influencia del Cártel de Sinaloa.
Tras la audiencia inicial, el juez ordenó el traslado de Corona Damián a un Centro Federal de Readaptación Social en Sonora, donde permanecerá recluido mientras se determina si es vinculado a proceso.
La detención forma parte del llamado Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno federal. En semanas recientes, las autoridades han ejecutado múltiples órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios de Morelos por presuntos nexos con organizaciones criminales.
Las investigaciones contra el alcalde de Cuautla se intensificaron tras la difusión de imágenes y reportes que lo vinculaban con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades federales como operador del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. Desde entonces, la Fiscalía General de la República mantuvo abiertas diversas líneas de investigación.
Con esta captura, las autoridades federales suman decenas de detenciones de servidores públicos bajo sospecha de colaborar con grupos criminales, en una ofensiva que busca desarticular redes de protección política al narcotráfico y la extorsión en distintas regiones del país.
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